El abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella y el senador de izquierdas Iván Cepeda se enfrentan en la contienda presidencial de Colombia, programada para el 21 de junio. Sus enfoques hacia la seguridad son diametralmente opuestos. Cepeda defiende el diálogo como vía para resolver el conflicto armado, no descartando nuevos intentos de negociación, pese al desgaste de la política de paz del presidente saliente, Gustavo Petro, que buscó acuerdos simultáneos con todos los grupos armados. Por el contrario, De la Espriella promete una estrategia de mano dura, rechazando cualquier tipo de negociación y criticando la paz total como una «traición a la patria».
Ambos candidatos han denunciado amenazas de muerte y han intercambiado acusaciones sobre planes de autoatentados. Este clima de tensión se hace evidente en su seguridad personal: ambos se presentan en eventos acompañados de guardaespaldas y medidas de protección, como escudos y cristales antibalas. Este contexto de violencia ya ha dejado huellas en la campaña, incluyendo el asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay.
Las elecciones se desarrollan en un escenario marcado por el aumento de la violencia. A casi diez años de la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, aparecen nuevos actores armados que amenazan a las comunidades en diferentes regiones del país. La crisis es especialmente grave en localidades como Catatumbo, Arauca, Cauca, Nariño, Putumayo y Guaviare, donde los asesinatos de líderes sociales han aumentado significativamente.
Cualquiera que asuma la presidencia el próximo 7 de agosto encontrará un país con más de 27,000 integrantes de grupos armados organizados, y al menos 14 zonas de conflicto activo, según estimaciones de la Fuerza Pública y la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Muchos de estos nuevos reclutas son menores de edad.
La propuesta de seguridad humana de Iván Cepeda
Iván Cepeda, que llegó a la política representando a las víctimas del conflicto armado, aboga por un enfoque de “seguridad humana”. Este enfoque ha sido moldeado por su participación en los diálogos de paz en La Habana y su rol como delegado del presidente Petro en las negociaciones con el ELN, la última guerrilla activa.
A pesar del entusiasmo por el diálogo, Cepeda enfrenta críticas por la falta de implementación del acuerdo de paz con las FARC. Su propuesta busca no solo la implementación integral del acuerdo, sino también fortalecer la protección a líderes sociales y desarrollar un enfoque preventivo para reducir las oportunidades de reclutamiento forzado entre los jóvenes. En su sitio web, Cepeda menciona: “Nuestro Gobierno concebiría la seguridad desde una perspectiva humana e integral, orientada a la transformación territorial”.
La FIP ha analizado las propuestas de seguridad de los candidatos, destacando que la de Cepeda se enfoca en la protección de la vida y de las víctimas, aunque plantea interrogantes sobre cómo garantizar estos derechos en áreas controladas por grupos armados.
Las megacárceles de Abelardo de la Espriella
Por otro lado, Abelardo de la Espriella propone reforzar la Fuerza Pública y endurecer el sistema penal, prometiendo la construcción de megacárceles, similar al modelo implementado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Su propuesta revive la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe, que incluye bombardeos y una ofensiva contra los cultivos de coca, con la promesa de erradicar 330,000 hectáreas, una cifra que no figura en documentos oficiales.
De la Espriella también sugiere crear una «primera línea de seguridad» compuesta por veteranos de la Fuerza Pública, en un planteamiento que ha suscitado críticas por su posible relación al paramilitarismo. En su sitio web, se presenta con la promesa de «90 días para retomar el país» y recuperar territorios perdidos.
El actual ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha calificado las propuestas de De la Espriella como «imposibles». El candidato ha defendido su plan de choque que, según él, buscaría atrapar a cabecillas del narcotráfico en un periodo corto de tiempo, y ha manifestado su intención de eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La FIP plantea que estrategias punitivas pueden ofrecer reducciones rápidas de violencia, pero también pueden tener riesgos institucionales y humanitarios. La pregunta que subyace es cómo el Estado de derecho puede actuar con firmeza sin erosionar la democracia.
