El Salvador ha dado inicio a un juicio masivo contra 486 miembros de la Mara Salvatrucha, incluidos líderes de la cúpula criminal conocida como ‘ranfla nacional’. Este proceso se produce en un contexto marcado por la acusación del Gobierno, que les atribuye delitos como la orden de una masacre que tuvo lugar el último fin de semana de marzo de 2022, resultando en la muerte de 86 personas. Este trágico evento fue un catalizador para la implementación del régimen de excepción, una medida que ha sido renovada 49 veces bajo la administración de Nayib Bukele.
Según la Fiscalía, los acusados son cabecillas de la estructura criminal responsable de más de 47,000 crímenes en el país entre 2012 y 2022. Entre los delitos que se les imputan se incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, narcotráfico, desapariciones y tráfico de armas. Las autoridades han presentado fotografías que muestran a cientos de reos en instalaciones penitenciarias como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y otras cárceles destinadas a pandilleros. En estas imágenes, los detenidos, con grilletes en manos y pies, asisten a la audiencia por teleconferencia, siempre bajo custodia armada.
Estas imágenes también revelan por primera vez la situación de varios líderes de la MS-13, que habían permanecido en el anonimato durante años. Entre ellos se encuentra Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, conocido como ‘El Diablito de Hollywood’, el máximo líder de la Mara Salvatrucha. También se observa a Rubén Antonio Rosa Lobo, alias ‘Chivo’, considerado como el ‘CEO’ de la pandilla y solicitado en extradición por Estados Unidos, y a César Humberto López Larios, alias ‘Greñas de Stoners’, quien enfrentaba juicio en Nueva York, pero fue devuelto a El Salvador como parte de negociaciones entre Bukele y Donald Trump. Todos ellos muestran signos de deterioro físico.
La Fiscalía ha declarado en redes sociales que “entre estos criminales se encuentran los responsables de la ola de violencia ordenada en el 2022”, la cual marcó un punto de inflexión en la respuesta estatal ante el crimen organizado. De acuerdo con investigaciones, esta masacre fue un acto de fuerza por parte de las pandillas después de la ruptura de un acuerdo con el Gobierno de Bukele.
Régimen de Excepción y Repercusiones
La implementación del régimen de excepción ha llevado a un enfoque de represión masiva que implica la suspensión de garantías constitucionales, como el derecho a la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones. Este régimen ha modificado leyes secundarias y la Constitución para aumentar las penas, llegando a la cadena perpetua, incluso para menores de edad.
Desde su inicio, más de 91,500 personas han sido detenidas, lo que representa aproximadamente el 2% de la población adulta de El Salvador. La actual estrategia incluye juicios masivos, donde cientos de detenidos son acusados en bloque de pertenecer a la misma pandilla. Con el juicio que comenzó el lunes, el Tribunal 6º Contra el Crimen Organizado de San Salvador puede imponer nuevas sentencias a varios líderes de la MS-13 que ya se encontraban encarcelados antes de la declaración del régimen de excepción. Actualmente, 413 de los acusados están detenidos y 73 son prófugos.
Luis Enrique Amaya, consultor internacional en temas de seguridad pública, explicó que el régimen de excepción representa una política de seguridad que se aleja del principio de individualización de la responsabilidad penal. Ha señalado que, a diferencia del enfoque de ‘pescar con caña’, que se basa en una investigación específica, el régimen actual es más un ‘pescar con red’ que agrupa a muchos detenidos sin distinción.
El Estado salvadoreño ha presentado por primera vez a pandilleros por el delito de «rebelión», argumentando que intentaron mantener el control territorial, desafiando así la autoridad estatal y amenazando la soberanía nacional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado preocupaciones significativas sobre el impacto en los derechos humanos de la prolongación del régimen de excepción e instó al Gobierno de Bukele a poner fin a su uso continuo. Un informe de Amnistía Internacional también destaca riesgos en la administración de justicia y señala que muchas detenciones fueron impulsadas por presiones para cumplir cuotas diarias de arresto, lo que llevó a que se basaran en pruebas no confirmadas o denuncias anónimas.
Implementación de IA en Investigaciones
Paralelamente al inicio del juicio, la Fiscalía salvadoreña ha anunciado que comenzará a utilizar Inteligencia Artificial (IA) en sus investigaciones. Durante la conferencia internacional “SovAI 2026”, representantes de la Fiscalía presentaron la “Plataforma de IA soberana”, que servirá para recibir, estructurar y calificar denuncias de ciudadanos. No se precisó si esta herramienta estará vinculada a los procesos relacionados con el régimen de excepción.
La Agencia Nacional de Inteligencia Artificial de El Salvador destacó que la Fiscalía será la primera institución de justicia del mundo en utilizar IA, revelando el “Sistema de Denuncias Penales asistido por IA”. Esta apuesta por la tecnología se extiende a varios ámbitos bajo la administración de Bukele, quien también anunció la delegación de parte del sistema de salud a la IA de Google, Gemini. Sin embargo, la implementación del bitcoin como moneda de curso legal en el pasado fue considerada un fracaso.
