El gobierno venezolano ha autorizado la liberación de 54 prisioneros políticos, todos ellos militares, según confirmaron familiares de los detenidos y grupos de apoyo, como la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. De estos liberados, tres son mujeres y la mayoría formó parte de la denominada Operación Brazo Blanco, una supuesta conspiración militar denunciada por las agencias de inteligencia del país hace cuatro años. Los detenidos habían estado recluidos en la prisión de Ramo Verde y en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).
Entre los beneficiados se encuentran el Mayor Reinaldo Finol, detenido en 2020 bajo acusaciones de espionaje en las refinerías de Amuay y Cardón, junto al ciudadano estadounidense Matthew Heath, quien fue liberado en 2022; el Sargento José Sánchez Chacón, encarcelado por enviar un audio de WhatsApp en el que se quejaba del deterioro de las unidades militares; y la Teniente Karen Gómez, acusada de mantener vínculos con actos de sabotaje al servicio eléctrico. Aún no se ha informado si estos individuos están siendo liberados con medidas cautelares o si se les ha otorgado libertad plena.
Ana Leonor Acosta, vocera de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, declaró: “Exigimos que la libertad llegue a todas las cárceles venezolanas, recordando especialmente a las mujeres que han sido separadas de sus hijos y seres queridos”.
Esta serie de liberaciones se produce en un momento crítico para el gobierno de Delcy Rodríguez, en cuanto a derechos humanos. En las últimas semanas, han aumentado las denuncias de abusos contra prisioneros y las duras condiciones carcelarias bajo el régimen chavista, que afectan tanto a prisioneros políticos como comunes. Este asunto cobró particular relevancia tras un escándalo nacional, luego de la muerte de Víctor Hugo Quero y su madre Carmen Navas, quien había estado buscando a su hijo durante un año antes de enterarse de su deceso.
El 20 de mayo, Jorge Rodríguez, portavoz de la Asamblea Nacional y representante del régimen, anunció que 300 prisioneros políticos serían liberados por razones humanitarias, incluyendo a personas mayores, embarazadas y madres lactantes. Antes de este anuncio, solo se había liberado a poco más de una docena de personas, lo que generó ansiedad entre los familiares y allegados de los detenidos.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha informado que 21 prisioneros han muerto bajo custodia del Estado desde marzo, siendo la más reciente víctima Víctor Alfonso Rivero, un prisionero común que falleció días atrás debido a problemas de salud en el Centro de Formación Hombre Nuevo, en Carúpano, al este del país. Según datos del OVP, en 2025 fallecieron 181 prisioneros en cárceles venezolanas y en 2024, 149.
Recientemente, reos aún encarcelados en la prisión de El Helicoide, en Caracas, han sido trasladados a otros centros penitenciarios, generando gran angustia y escenas conmovedoras entre los familiares que temen por la vida de sus seres queridos durante estos traslados. El gobierno de Delcy Rodríguez había anunciado el cierre permanente de esta prisión, señalada por la oposición como “el mayor centro de tortura en América Latina”, tras la pausa política creada por la Ley de Amnistía. Familiar de detenidos que permanecían en El Helicoide han acampado con tiendas de campaña cerca de la embajada de Estados Unidos en Caracas, pidiendo al encargado de negocios, John Barrett, que interceda ante el gobierno venezolano por la liberación de sus seres queridos.
Antes de este anuncio, la ONG Foro Penal contabilizaba 400 prisioneros políticos en el país, mientras que Justicia, Encuentro y Perdón, otra asociación civil que monitorea esta problemática desde hace tiempo, estima que el número asciende a 654.
