Colombia ha experimentado una notable inacción en la reforma del gravamen a los movimientos financieros (GMF), también conocido como 4×1.000, que ha sido considerado el impuesto más impopular de su sistema financiero. Este impuesto, que cobra el Estado un 0,4% por cada transacción dentro del sistema bancario, fue implementado en 1998 durante la administración de Andrés Pastrana como una medida temporal ante una crisis bancaria. Sin embargo, su carácter temporal se ha transformado en permanencia, generando ingresos al Estado que ascienden a aproximadamente 16 billones de pesos anuales.
La Promesa de la Reforma Tributaria de Gustavo Petro
En 2022, el presidente Gustavo Petro, tras asumir el cargo, propuso una reforma tributaria que no contemplaba la eliminación del GMF, sino un cambio significativo que buscaba aliviar la carga fiscal sobre los ciudadanos. La iniciativa permitía a los colombianos estar exentos de este impuesto durante las transacciones mensuales que no superaran los 18,3 millones de pesos, equivalentes a unos 4.900 dólares. Sin embargo, esta exención tiene limitaciones, ya que cada individuo solo puede seleccionar una única cuenta bancaria para beneficiarse de ella.
Desafíos en la Implementación del Sistema Financiero
A pesar de las intenciones de la reforma, el cambio propuesto requería la construcción de un sistema que conectara a todos los actores del sistema financiero, algo que, hasta ahora, no se ha logrado. Esto ha mantenido a la población colombiana en una situación de incertidumbre respecto al impacto real de la reforma en su cotidianidad.
La situación del GMF sigue siendo un tema candente en la agenda económica del país, y la falta de avances en su reforma suscita preocupaciones entre los ciudadanos y expertos en el ámbito financiero.
