La Posición de la Abogacía del Estado sobre la Regularización de Inmigrantes
La Abogacía del Estado ha expresado su oposición a que el Tribunal Supremo de España eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes. En un escrito presentado este viernes, la Abogacía considera que las «dudas» que plantea el Tribunal Supremo son más relativas a un dictamen consultivo que a la necesidad de aclarar la compatibilidad de la regularización con el derecho comunitario.
Contexto del Procedimiento
Este escrito de 56 páginas responde a la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, que busca determinar si se debe consultar al TJUE sobre si la norma española infringe el Pacto de Migración y Asilo de la UE (PMAUE), aprobado en 2024. La situación surge en el marco de los recursos presentados por las comunidades autónomas de Aragón y la Comunidad Valenciana contra la regularización extraordinaria promovida por el Gobierno español, que ha recibido un total de 1.174.968 solicitudes, según el Ministerio de Migraciones.
Dudas sobre el Régimen de Regularización
La Sala de lo Contencioso del Supremo ha planteado dudas sobre si el régimen de regularización establecido en el real decreto del Gobierno podría entrar en conflicto con las normas del Pacto de Migración y Asilo. En particular, se cuestionan dos disposiciones adicionales del decreto que permiten la concesión de una autorización de residencia temporal a solicitantes de protección internacional, incluso si su solicitud ha sido denegada.
Además, el decreto establece que esta autorización daría lugar al archivo de los procedimientos de devolución o expulsión, lo que ha generado incertidumbre en torno a su alineación con la normativa europea, que exige que los Estados miembros adopten decisiones de retorno para migrantes en situación irregular.
Argumentos de la Abogacía del Estado
La Abogacía ha presentado objeciones a las cuestiones planteadas por el Tribunal Supremo, argumentando que las dudas carecen de fundamento. Sostiene que los Estados miembros tienen la competencia nacional para otorgar permisos de residencia a migrantes en situación irregular por razones humanitarias, algo que el decreto busca implementar a través de una nueva vía temporal, dirigida a quienes solicitan protección internacional.
Asimismo, la Abogacía considera que no es el momento adecuado para elevar una cuestión prejudicial al TJUE, ya que el Supremo está en una fase preliminar del proceso judicial, que aún no ha abordado el fondo de la cuestión ni ha realizado pruebas. Se considera que la formulación de estas cuestiones es prematura.
Críticas a la Redacción del Tribunal Supremo
Por último, los servicios jurídicos del Gobierno señalan que el escrito del Tribunal Supremo presenta omisiones significativas que podrían dificultar una adecuada contradictoria y observaciones de las partes involucradas. Estas omisiones, según la jurisprudencia del TJUE, podrían llevar a la inadmisión de la cuestión prejudicial, ya que es esencial que el tribunal nacional proporcione una descripción precisa del contexto legal y fáctico relacionado con la controversia.
