El Gobierno de José Antonio Kast se encuentra elaborando modificaciones significativas a la ley que regula la jornada laboral de 40 horas semanales en Chile. Además, se impulsa un proyecto para establecer contratos por hora, con la intención de aumentar la flexibilidad en el mercado laboral y combatir la informalidad, especialmente en sectores estacionales como la agricultura y el turismo. Esta iniciativa surge en un contexto en el que la tasa de desocupación ha alcanzado un 9,1% entre febrero y abril de 2026, el nivel más alto en casi cinco años, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Asimismo, se estima que el 26,5% de los trabajadores ocupa posiciones sin contrato ni cotizaciones.
La modificación principal se centra en la forma de calcular la jornada de trabajo. La legislación actual, una de las reformas clave del Gobierno de Gabriel Boric, que inició su implementación gradualmente en 2023, permite distribuir las 40 horas en periodos de hasta cuatro semanas. Según el nuevo plan, este marco se ampliaría hacia un promedio anual, al estilo de otros países de la OCDE. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó en el Diario Financiero que muchos países desarrollados aplican un sistema de 40 horas medido anualmente, lo cual favorece actividades temporales como el turismo y la agricultura.
Entre las medidas adicionales que se consideran, se contempla facilitar los acuerdos entre trabajadores y empresarios para ajustar los horarios de entrada, tarea que actualmente está limitada por la Dirección del Trabajo. También se busca ampliar la norma que exime a ciertos trabajadores, como gerentes y aquellos con horarios flexibles, de cumplir con una jornada fija cuya interpretación se considera restrictiva. Otro aspecto a ajustar es el tiempo de colación, para evitar que se traduzca en jornadas de trabajo reducidas no contempladas originalmente en la ley.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, también anunció la reactivación del proyecto de contratos por hora, que data de 2018 y había sido estancado hasta ahora. Esta iniciativa permitiría acuerdos de trabajo de hasta 30 horas semanales o 120 horas mensuales, garantizando un salario mínimo equivalente al doble del valor de la hora del ingreso mínimo, además de un descanso obligatorio de 12 horas diarias y aviso de turnos con un mínimo de 24 horas de anticipación.
Rau defendió estas medidas como herramientas necesarias para reducir la informalidad laboral, especialmente en sectores de alta variabilidad, como la gastronomía. «Esto proporciona una regulación necesaria que formaliza las relaciones laborales por horas y ofrece más oportunidades a quienes las requieren», afirmó. Por su parte, Daniel Mas, biministro de Economía y Minería, se unió al debate sobre la rigidez de la legislación laboral, enfatizando la necesidad de adaptarla a las realidades del siglo XXI. Ante las críticas de la Central Única de Trabajadores (CUT), que advierten sobre el riesgo de precarización laboral, Rau aseguró que se implementarán mecanismos de compensación para los trabajadores en caso de que no se cumplan las horas comprometidas, advirtiendo que «no hay nada más precario que no tener empleo».
Rosario Navarro, presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), uno de los gremios más influyentes en el ámbito económico y laboral del país, afirmó que el mercado laboral chileno está «rezagado», señalando que un 25% de la juventud enfrenta dificultades para conseguir empleo. Según ella, fomentar la flexibilidad del mercado laboral permitiría a los jóvenes combinar estudios y trabajo. Sin embargo, Navarro precisó que esperan conocer los detalles de la regulación antes de emitir una opinión definitiva sobre el proyecto.
