Corte Suprema Respaldó Ley de Financiamiento Universitario en Argentina
Javier Milei enfrenta un nuevo reto tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, que este jueves desestimó el intento del Gobierno de no aplicar la ley de financiamiento universitario. Esta ley, aprobada el año pasado por el Congreso con un amplio respaldo político y social, ahora debe ser cumplida, lo que implica la actualización de sueldos de profesores y empleados de las universidades, así como las becas para estudiantes, de acuerdo con la inflación acumulada.
Reacción del Consejo Interuniversitario Nacional
Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), expresó que la decisión es “una extraordinaria noticia” no solo para la comunidad universitaria, sino también para las instituciones del país. Desde el inicio del mandato de Milei, las universidades han perdido más del 45% de sus recursos, lo que hace más urgente la aplicación de esta ley.
Detalles del Fallo Judicial
El fallo fue emitido de forma unánime por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En su dictamen, los magistrados consideraron que la presentación del Ejecutivo no tenía fundamento suficiente, ya que se trataba de una medida cautelar, que no puede ser objeto de un recurso extraordinario como el presentado.
Historia de la Ley de Financiamiento Universitario
La ley fue fruto de un reclamo persistente por parte de docentes, estudiantes y autoridades académicas, logrando un consenso casi total en el ámbito político, salvo la ultraderecha. Esta iniciativa tiene como objetivo incrementar los presupuestos educativos conforme a los valores reales de 2023, antes de la llegada de Milei al poder, ajustándolos según la inflación. Para el año en curso, el Gobierno había asignado 4,8 billones de pesos (aproximadamente 3.200 millones de dólares) a las universidades, y la ley proponía casi 3 billones de pesos adicionales (cerca de 2.000 millones de dólares).
Intentos del Gobierno para Derogar la Ley
Desde que asumió la presidencia, Milei ha intentado derogar la ley de diversas maneras. Primero, a través de un veto que fue rechazado por el Congreso. Posteriormente, intentó derogar la norma indirectamente mediante la ley de presupuestos 2026, pero el Parlamento votó en contra nuevamente. Sin embargo, el presidente declaró mediante un decreto que la norma estaba “suspendida” hasta que se definan las fuentes de financiamiento.
Acciones Judiciales de las Universidades
Ante el incumplimiento de la ley, las universidades, a través del CIN, acudieron a la justicia a finales de 2025. En primera y segunda instancia, la justicia otorgó una medida cautelar que requiere al Ejecutivo comenzar a pagar los aumentos correspondientes a salarios y becas mientras se resuelve el fondo del asunto.
Fallo del Juez Martín Cormick
El juez Martínez Cormick señaló que la Constitución prevé la aplicación efectiva de la ley tras el rechazo de un veto presidencial. El decreto de Milei, que ignoraba esta norma, fue considerado incompatible con el principio de división de poderes y podría ser calificado de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”. Además, la falta de cumplimiento prolonga un “deterioro salarial” que afecta el derecho constitucional a enseñar y aprender.
Acuerdo Preliminar entre el Gobierno y las Universidades
Hace dos semanas, se alcanzó un acuerdo preliminar entre el Gobierno y las universidades para mejorar los modestos sueldos de los educadores. Este acuerdo contempla un aumento del 24%, aunque los sindicatos docentes estiman que la aplicación de la ley podría generar un incremento cercano al 48%. La comunidad académica ahora cuenta con respaldo judicial para exigir la implementación completa de lo aprobado, reavivando la consigna esgrimida en las manifestaciones universitarias: “Milei, cumplí la ley”.
