El Naufragio del Ministerio de Igualdad en Colombia
La creación del Ministerio de Igualdad durante el gobierno de Gustavo Petro fue una de las promesas centrales de su campaña presidencial en 2022, especialmente ante los movimientos feministas y grupos étnicos. Sin embargo, este proyecto ha experimentado un notable retroceso en su corta existencia. En 2023, la Corte Constitucional anuló la ley que establecía este ministerio, otorgándole un plazo de dos años para ser depurado. A pesar de ello, el Ejecutivo y el Legislativo no lograron tramitar una nueva ley, lo que llevó a la liquidación formal del Ministerio, dejando a miles de beneficiarios y trabajadores en la incertidumbre.
Programas y Políticas en la Mira
Durante su gestión, el Ministerio implementó programas significativos como el Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de las Violencias Basadas en Género (SALVIA), el programa Jóvenes en Paz y el Sistema Nacional de Cuidado. Además, desarrolló políticas fundamentales como la protección a huérfanos por feminicidio y la construcción de una política pública para la población LGBTIQ+. Al momento de su liquidación, el Ministerio contaba con al menos 30 programas y alrededor de 700 empleados. Con el decreto que inicia el proceso de liquidación, todos estos programas quedan en un estado de incertidumbre, en espera de su cierre o posible transferencia a otras entidades.
La Transición de Funciones
Para llevar a cabo el proceso de liquidación, el nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, deberá designar un encargado que reemplace temporalmente a Rafael Rodríguez Ortiz, nombrado por Petro. Según directrices presidenciales del gobierno saliente, se planea trasladar los programas existentes al Departamento Administrativo de Prosperidad Social y al Ministerio del Interior. Los temas relacionados con discapacidad, migración y la población LGBTIQ+ irían al primero, mientras que los asuntos relacionados con juventudes, mujeres y pueblos étnicos serían transferidos al segundo.
Incertidumbre y Preocupaciones Socioeconómicas
Una fuente interna del Ministerio en liquidación ha indicado que existen borradores de los decretos necesarios para la transferencia de funciones, aunque no hay claridad sobre cuándo serán firmados. Esto es particularmente crítico considerando que el nuevo presidente, desde el 7 de agosto, tiene la facultad de revaluar estas decisiones, y ha manifestado interés en reducir el tamaño del Estado. Las organizaciones sociales expresan preocupación por el futuro de estos programas, sugiriendo urgencia en la agilización del proceso de transición.
El Sistema Nacional de Cuidado bajo Riesgo
Un ejemplo palpable de esta incertidumbre es el Sistema Nacional de Cuidado, el cual ha sido promovido como un modelo en la región. Este sistema busca reconocer y redistribuir las tareas que históricamente han recaído en las mujeres, como el cuidado infantil y la atención a personas mayores. Según el DANE, el 90% de las mujeres colombianas mayores de 10 años realizan estas labores sin remuneración, en comparación con el 63% de los hombres de la misma edad.
Natalia Moreno, encargada de implementar esta iniciativa en el Ministerio de Igualdad, señala que el Gobierno logró avances, como la formalización laboral de 200 madres comunitarias y la creación de una política nacional de cuidado con un presupuesto significativo. La continuidad de este sistema es vista como esencial para abordar las desigualdades y brindar oportunidades a las cuidadoras, que han sido históricamente desatendidas.
Proyectos en Curso y Derechos en Peligro
A pesar de la previsible desaparición del Ministerio, la congresista María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico había presentado un proyecto de ley en marzo para establecer el Sistema Nacional de Cuidado. Este proyecto se hundió en junio, pero ha anunciado su intención de reintroducirlo en el actual Congreso. Además, la Ley 2530 de 2025, que protege a niños y adolescentes que han perdido a sus madres por feminicidio, también está en peligro. El Ministerio de Igualdad era crucial para su reglamentación, y las familias afectadas reportan falta de información sobre su situación actual.
Camilo Ortiz, un hermano de una víctima de feminicidio, ha manifestado preocupación por la falta de atención a los derechos de los niños y niñas que quedan huérfanos debido a la violencia de género. Con cifras alarmantes de feminicidios en el país, la Defensoría del Pueblo ha instado al Estado a priorizar la atención a esta problemática a través de programas como SALVIA.
Una Realidad Dura y Urgente
Mientras el gobierno saliente se encuentra en un limbo sobre la firma de los decretos que podrían establecer la nueva estructura y el entrante define su enfoque contra la desigualdad y la violencia, el país sigue enfrentando una dura realidad. En días recientes, se registraron incidentes de discriminación y violencia, mostrando que el tiempo corre rápidamente tanto en las calles como en los despachos oficiales.
