Crisis de la Nueva EPS: Un Colapso Prolongado
Poner a flote a la Nueva EPS ha sido una de las prioridades del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta entidad, la más grande entre las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia, representa un símbolo importante para la militancia de izquierda, siendo la sucesora del antiguo Instituto del Seguro Social. La EPS, que absorbió a los afiliados de dicha entidad en 2006, se encuentra inmersa en una crisis prolongada que el Gobierno intentó frenar con una intervención en abril de 2024. Sin embargo, dos años después, los resultados son desalentadores.
Intervenciones y Deuda Creciente
La prórroga de la intervención, firmada el 10 de abril de 2026, refleja el grave deterioro financiero de la EPS. Según la Superintendencia de Salud, las deudas de la Nueva EPS han crecido de 18.4 billones de pesos (aproximadamente 5.100 millones de dólares) en diciembre de 2024 a 26.1 billones de pesos (cerca de 7.200 millones de dólares) en noviembre de 2025. Esta situación afecta a 11.5 millones de colombianos, quienes reportan con frecuencia la falta de cirugías, citas médicas y medicamentos.
Las quejas han aumentado, observándose un crecimiento anual del 14.3% en las inconformidades durante el periodo de prórroga. Néstor Álvarez, vocero de la Asociación de Usuarios de la Nueva EPS, señala que la crisis se ha intensificado: “Antes peleábamos por un medicamento que no llegaba en un mes, ahora faltan durante meses”. Esta falta de medicamentos afecta al 40% o 60% de los pacientes, y Álvarez advierte que muchos dejan de presentar quejas debido a la falta de soluciones.
Inestabilidad en la Administración
La inestabilidad en los altos mandos de la EPS agrava la situación. Desde enero de 2024, dos presidentes y tres interventores han cambiado. Recientemente, el Gobierno destituyó a Luis Óscar Gálvez y nombró a Jorge Iván Ospina, el cuarto interventor, quien posee antecedentes de corrupción. Este nombramiento fue firmado por Luz María Múnera, superintendenta ad hoc de la Nueva EPS, quien dejará su cargo tras solo seis meses debido a un cambio en la superintendencia del sistema.
La situación se complica con revelaciones sobre la legalidad de la prórroga de la intervención. Varios funcionarios de la Superintendencia denunciaron que el proceso se llevó a cabo saltándose controles internos. Con el recambio administrativo, también permanecen dudas sobre las finanzas de la EPS, ya que solo se han procesado 3 de los 15 billones de pesos en cuentas rezagadas.
Iniciativas Fallidas del Gobierno
A pesar de la crisis, el Gobierno ha continuado con nuevas políticas, como un decreto en febrero que implicaba la absorción de tres millones de personas adicionales a la Nueva EPS. Sin embargo, un tribunal suspendió esta medida por considerarla perjudicial para la entidad y sus pacientes. En respuesta, el presidente ordenó la liquidación de EPS en quiebra, lo que podría resultar en traslados masivos.
Responsabilidad en la Crisis
Múnera atribuye los fracasos en la gestión de la Nueva EPS a los interventores anteriores, argumentando que el dinero disponible se malgestiona. La contratación por procedimientos individuales ha llevado a un aumento en los costos, complicando aún más la situación. De acuerdo con Múnera, corregir estos problemas es fundamental, aunque rechaza la idea de aumentar el presupuesto sin cambios estructurales.
Algunos expertos consideran que el problema radica en la insuficiencia de recursos, específicamente con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que el Estado paga a las EPS. A pesar de que la Corte Constitucional demandó ajustes en enero de 2025, el Gobierno ha mantenido los reajustes anuales bajo. Esto se traduce en un deterioro significativo en la situación financiera de las EPS, incluida la Nueva EPS.
Futuro Desalentador
Incluso el nuevo interventor, Ospina, ha reconocido que la UPC no es suficiente para afrontar la creciente demanda de servicios por parte de una población envejecida y con más enfermedades crónicas. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, ha criticado esta afirmación, insistiendo en que la mala gestión es el problema central y desmarcándose de la responsabilidad por anteriores nombramientos. Mientras tanto, los afectados continúan enfrentando dificultades para acceder a atención médica esencial.
