Desde la promulgación en 2017 de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Chile, la Corporación Humanas ha estado llevando a cabo un exhaustivo monitoreo sobre su implementación. Este seguimiento ha enfrentado diversas dificultades, especialmente en lo que respecta al acceso a información sobre la objeción de conciencia. Esta problemática obligó a la organización a solicitar datos directamente a hospitales públicos y a recurrir al Consejo para la Transparencia, que acogió un recurso de protección presentado por la entidad.
Desafíos para la Transparencia
La necesidad de acudir al Consejo para la Transparencia para obtener información sobre el cumplimiento de una política pública revela un desafío mayor: la falta de transparencia. Este es un factor fundamental para poder fiscalizar efectivamente la aplicación de la Ley IVE.
Impacto de la Objeción de Conciencia
Los antecedentes recopilados evidencian que la objeción de conciencia sigue siendo un obstáculo significativo para el acceso al aborto bajo las tres causales establecidas en la legislación. Esta situación plantea serias interrogantes sobre la efectividad de la ley y su implementación en los centros de salud.
La necesidad de un seguimiento riguroso y transparente en la aplicación de la Ley IVE es crucial para garantizar que las mujeres chilenas puedan ejercer su derecho a decidir.
