La Promesa de Paz Urbana del Gobierno Petro: Resultados Inciertos
Desde el inicio del mandato del presidente Gustavo Petro, la promesa de paz total ha buscado incluir a integrantes de bandas criminales en un proceso de diálogo que, hasta ahora, se acerca a su cierre sin resultados concluyentes. El Gobierno estableció cuatro espacios de diálogo en Quibdó, Buenaventura, Barranquilla e Itagüí; sin embargo, estos encuentros no han dado lugar a acuerdos duraderos ni a una reducción sostenida de la violencia.
Desafíos en el Proceso de Diálogo
A más de tres años de los primeros contactos, la administración actual no ha autorizado un marco legal para el sometimiento a la justicia, necesario para ofrecer incentivos claros a cambio del abandono de actividades delictivas. Actualmente, dos de las mesas están suspendidas indefinidamente y en ninguna se contempla un proceso de desarme o desmantelamiento de las estructuras ilegales.
La fragilidad de estos diálogos se evidenció recientemente en Itagüí, donde se suspendió una mesa de paz tras la revelación de que varios cabecillas asistentes participaron en una parranda vallenata ilegal dentro de la cárcel. Esta mesa, instaurada en 2023, fue marcada por constantes salidas de voceros y cuestionamientos hacia la suspensión de órdenes de captura, lo que ha debilitado el proceso.
Situación en Cada Ciudad
El Gobierno continúa con tres mesas de diálogo: en Buenaventura, con las bandas Shottas y Espartanos, en un contexto incierto tras la captura de dos de sus líderes; en Quibdó, trabajando con grupos como Los Mexicanos, con avances limitados; y en Barranquilla, con Los Costeños y Los Pepes, en medio de una tregua inestable.
Francisco Daza, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, explica que los grupos criminales han encontrado en los vacíos jurídicos un espacio para continuar delinquiendo, incluso durante el proceso de diálogo. Aunque en Barranquilla se ha registrado una reducción en los homicidios, la violencia se ha desplazado a municipios cercanos. Daza advierte que si el Gobierno no define incentivos claros, la actividad delictiva persistirá.
El Caso de Buenaventura
Buenaventura, considerada una de las principales apuestas del Gobierno, ha tenido una serie de eventos significativos. En 2022, se decretó una tregua entre las bandas criminales y se registró una notable disminución de homicidios durante 90 días. No obstante, recientes capturas en el extranjero de líderes como Diego Fernando Bustamante (alias Diego Optra) y Jorge Isaac Campaz (alias Mapaya) han puesto presión sobre el diálogo en la región.
Desconexión entre el Gobierno y Autoridades Locales
Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, destaca que las treguas se han roto repetidamente debido a la falta de propuestas claras del Estado. Los estudios de efectividad de estos diálogos han carecido de mecanismos de verificación, lo que ha dificultado la medición del impacto real en la criminalidad.
El jefe negociador del Gobierno para los diálogos en Buenaventura, Fabio Ariel Cardozo, reconoce que la ausencia de un marco jurídico ha afectado la continuidad de las negociaciones. La falta de claridad sobre cómo proceder con los cabecillas capturados ha evidenciado un vacío que requiere atención urgente.
Influencia del Ejército Gaitanista de Colombia
En regiones como Chocó y Antioquia, la situación se complica por la influencia del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo. Este grupo, considerado la mayor estructura criminal del país, opera en algunas zonas a través de la tercerización, lo que impacta negativamente en los procesos de paz urbana.
Conclusiones sobre el Proceso de Paz Urbana
A pesar de los esfuerzos iniciales, los procesos de paz en Colombia han estado marcados por la desconexión entre el Gobierno nacional y las autoridades locales. Durante las treguas en Buenaventura y Barranquilla, no se lograron intervenciones institucionales sostenidas, lo que ha dificultado la consolidación de mejoras en la seguridad.
Con solo cuatro meses restantes del mandato de Petro, el futuro de la paz urbana se presenta incierto y el próximo Gobierno enfrentará el reto de heredar un proceso fragmentado sin una hoja de ruta clara.
