La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha llevado a cabo un proceso de renovación interna en la Fiscalía que ha suscitado fuertes críticas. Diversos actores, incluyendo la Unión Progresista de Fiscales (UPF), han denunciado una presunta purga de los críticos de su predecesor, Álvaro García Ortiz. Este cambio de personal, a través de nombramientos discrecionales, ha sido tildado de una «deslegitimación sistemática» por parte de quienes abogan por un trato más riguroso y respetuoso en el ámbito institucional.
Peramato inició su primer ciclo de nombramientos el 27 de febrero, donde ascendió a figuras del equipo de García Ortiz, como Ana García León y Diego Villafañe. Esto excluyó a fiscales del procés como Consuelo Madrigal y Jaime Moreno. Este movimiento marcó el comienzo de una renovación en la Secretaría Técnica, clave en la estructura de la Fiscalía. La última tanda de designaciones se llevó a cabo el pasado jueves, donde Isabel Martín asumió la jefatura de la Fiscalía Superior de Madrid, un puesto que ocupaba Almudena Lastra, quien buscaba ser renovada. También se decidió no consolidar a Julián Salto en la Audiencia Nacional y se promovió a Pilar Rodríguez al Tribunal Supremo, mientras que Pilar Fernández, mujer de García Ortiz, ocupó un puesto en la Fiscalía Superior de Galicia.
Desde la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera fiscal, se ha interpretado esta serie de movimientos como un intento de «evacuación» para desplazar a personas consideradas de riesgo para los nuevos designados, cercanos a García Ortiz. El caso de Lastra ha sido especialmente señalado, pues su testimonio fue relevante en los fundamentos contra García Ortiz. En lo que respecta a Rodríguez, la AF ha subrayado su falta de experiencia en su nueva posición, sugiriendo que su mérito radica en su sintonía con el anterior fiscal general.
La UPF, en contraste, ha insistido en que la crítica debe basarse en el rigor y el respeto institucional. En un comunicado, ha advertido que la «deslegitimación sistemática» y la simplificación de las decisiones afectan la independencia del Ministerio Fiscal: “No fortalecen la institución, sino que la comprometen”. Este grupo sostiene que todos los candidatos cumplen con los méritos exigibles y que el proceso de provisión de cargos se lleva a cabo con respeto a los principios de mérito y capacidad.
Valoración de los candidatos
La UPF ha señalado que los críticos tienden a obviar que todos los participantes en el proceso cumplen con los requisitos necesarios. Explicaron que el desafío no radica en evaluar quién tiene méritos, sino en identificar el perfil adecuado para cada función. Aunque reconocen la antigüedad como un factor a considerar, advierten que no puede ser el único criterio determinante. En su opinión, la capacidad de dirección y la experiencia en gestión son también factores cruciales para acceder a puestos de responsabilidad.
La UPF ha mostrado particular preocupación por los cuestionamientos que han surgido en torno a la experiencia en órganos centrales como la Secretaría Técnica, un área considerada históricamente de gran relevancia. Argumenta que denigrar dicha experiencia supone una interpretación interesada de la realidad y no refleja la evolución de la carrera fiscal a lo largo del tiempo y bajo diferentes fiscales generales.
Finalmente, la UPF ha manifestado su inquietud ante la creación de un marco interpretativo en el que cualquier decisión que no se adecúe a las expectativas es considerada ilegítima. Esto proyecta una imagen distorsionada de la Fiscalía y socava la profesionalidad de sus integrantes. La asociación ha enfatizado que esta dinámica perjudica el debate y debilita la posición institucional de la Fiscalía, afectando su credibilidad.
