El próximo ciclo electoral en México presenta un reto monumental: la elección de la totalidad de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, más de 2.000 alcaldías y casi 1.000 cargos del Poder Judicial. Esta acumulación de elecciones representa un desafío tan grande que resulta casi imposible para cualquier ciudadano, y para las autoridades electorales, un suicidio logístico y financiero que contradice los argumentos de austeridad.
Ante esta situación, un grupo de diputados ligados a la presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto trasladar la elección judicial al año 2028. Reconocen que la concurrencia electoral podría resultar en un desorden tan considerable que sature a los votantes, llevándolos a la parálisis. Sin embargo, simplemente mover la fecha de la elección representa una solución superficial. Es necesario un cambio constitucional que permita revitalizar el sistema electoral.
Proponer un nuevo calendario electoral es un paso necesario, pero resulta insuficiente si no se implementan reglas que fortalezcan la transparencia y legitimidad del proceso. Si la intención de Sheinbaum es rescatar la seriedad del Poder Judicial, será imperativo blindar el proceso electoral para evitar que episodios vergonzosos, como el uso de “acordeones” para obtener posiciones de manera deshonesta, se repitan. Es ingenuo pensar que un orden logístico por sí solo garantizará justicia si el nombramiento sigue dependiendo de prácticas incorrectas.
No es suficiente con cambiar la fecha de la votación si no se asegura un proceso imparcial y técnico, libre de influencias políticas. Mover las elecciones a 2028 es una decisión lógica, pero sin las garantías necesarias de autonomía e independencia, solo se estará postergando un posible desastre electoral. La disyuntiva para la presidenta Sheinbaum es clara: ¿desea enmendar las violaciones a la ley cometidas en el proceso anterior, o simplemente busca ganar tiempo para consolidar su control? Es esencial que cualquier boleta electoral garantice un proceso justo y transparente.
