A pesar de los anuncios recientes, el salario mínimo en Venezuela permanece sin cambios. El incremento prometido por el Gobierno se ha limitado a un aumento en las bonificaciones, un mecanismo que ha sido empleado por el régimen chavista para compensar la depreciación del salario base a lo largo de los años. Este «aumento responsable» se traduce en un incremento de 50 dólares en el principal bono para trabajadores activos y 10 dólares más para pensionados.
Así, el llamado “ingreso integral” asciende a 240 dólares, compuesto por 200 dólares del «bono de guerra» y 40 dólares del bono de alimentación. Los pensionados recibirán 70 dólares, diez más que en abril, a través del mismo bono. En contraste, el salario mínimo sigue fijado en 130 bolívares, lo que equivale apenas a 27 centavos de dólar. Este bajo monto es la base para el cálculo de utilidades, prestaciones sociales y otros beneficios laborales.
Las esperanzas de un aumento significativo se han desvanecido, especialmente porque el Gobierno había reconocido fallos en su política económica y se anticipaba un ajuste al salario base, que permanece congelado en 130 bolívares desde 2022. En ese entonces equivale a 30 dólares, pero actualmente no llega ni a un dólar debido a la inflación.
El problema laboral en Venezuela va más allá del salario. Las expectativas de mejora económica tras el levantamiento de sanciones y la apertura de nuevos negocios no se han materializado. Ajustar el salario para que tenga un verdadero poder adquisitivo requiere acuerdos con los empleadores, tanto del sector privado como del Estado, los cuales buscan evitar quiebras por los pasivos que un aumento podría implicar. La inflación, con un índice anualizado de 650%, sigue afectando gravemente la capacidad adquisitiva.
Además del ajuste en las bonificaciones, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció avances en la comisión de diálogo social, que incluye a tres centrales obreras, dos cámaras empresariales y tres representantes del Gobierno. Los primeros acuerdos permiten que el ingreso mínimo mensual de 240 dólares sea a través de bonificaciones no salariales, una opción que genera descontento entre los trabajadores, pero que resulta conveniente para los empleadores al no imponerles cargas futuras.
“Para proponer un salario mínimo, necesitamos que el Banco Central actualice los indicadores”, comentó Antonio Suárez, delegado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Hace un año, algunos dirigentes sindicales sugirieron un salario de 200 dólares, aunque admiten que esta propuesta carece de respaldo sin datos económicos claros, los cuales han estado ocultos por el Gobierno durante casi una década.
Suárez destacó que se acordó revisar todas las escalas salariales del sector público, que se han visto afectadas por la política de bonos, la cual ha homogenizado las remuneraciones sin considerar el tiempo de servicio o los méritos de los trabajadores. Asimismo, se trabajará en la depuración de la base de datos de pensionados para diferenciar entre quienes aportaron al sistema y quienes accedieron a beneficios por ser adultos mayores.
La cantidad de receptores de bonos ha superado los seis millones, lo que refleja una parte oculta de la gestión económica del gobierno. Durante un reciente mensaje a la nación, Rodríguez reconoció que hay más pensionados que trabajadores en activo, lo que es una consecuencia directa de las políticas del Gobierno.
A pesar de los avances en el diálogo, el descontento persiste. Políticos opositores, como Henrique Capriles, criticaron que no se elevará el salario base. En redes sociales, expresó que en el poder se intenta normalizar la bonificación, señalando que «no hubo aumento». “Los trabajadores siguen sufriendo las consecuencias de la disminución de sus beneficios laborales y la incapacidad de satisfacer lo más básico: la canasta alimentaria”, agregó.
Este 1 de mayo, Día del Trabajador, aumentaron las movilizaciones en el país. En Caracas, miles de efectivos de seguridad fueron desplegados para bloquear el acceso a ciertos puntos estratégicos y evitar que un grupo de 200 sindicalistas, convocados por la Coalición Nacional Sindical, se acercara al Palacio de Miraflores. Sin embargo, algunos grupos de trabajadores lograron movilizarse para exigir mejores remuneraciones y el «salario constitucional», tal como lo establece el artículo 91 de la Constitución, que garantiza un salario digno para cubrir las necesidades básicas.
Las manifestaciones, impulsadas por la oposición alineada con la líder María Corina Machado, abordan no solo el tema salarial, sino también la solicitud de elecciones y la liberación de los presos políticos. Muchos consideran que los problemas económicos y políticos están interrelacionados. En respuesta a la situación, se planifica una nueva marcha hacia la embajada de Estados Unidos en Caracas para presionar al nuevo encargado, John Barrett.
