Desafíos de la Seguridad Pública en Chile: Entrevista a Daniel Johnson de Paz Ciudadana
Daniel Johnson, ingeniero civil y director ejecutivo de Paz Ciudadana, ha estado al frente de esta fundación chilena desde 2017. Con 34 años de experiencia en políticas públicas enfocadas en seguridad, delincuencia y prevención, Johnson ofrece una visión crítica sobre la reciente decisión del Gobierno de José Antonio Kast de publicar semanalmente cifras de homicidios. Asegura que medir un periodo tan corto podría traducirse en diagnósticos erróneos.
Crisis de Seguridad en Chile
Chile enfrenta una crisis de seguridad impulsada por bandas transnacionales de crimen organizado, lo que ha generado un aumento alarmante en los secuestros y extorsiones. La tasa de homicidios, históricamente estable en tres por cada 100,000 habitantes, alcanzó su punto más alto en 2023 con 6.7 homicidios, aunque el año anterior había sido de 5.4.
Transparencia vs. Precisión
La subsecretaría de Prevención del Delito, liderada por Ana Victoria Quintana, defiende la entrega semanal de datos como un esfuerzo de transparencia. Sin embargo, Johnson cuestiona la efectividad de esta estrategia, indicando que los homicidios varían según el contexto, siendo más comunes durante festividades. Esto podría dar lugar a interpretaciones apresuradas sobre el incremento o disminución de estas cifras.
Johnson resalta que, en algunos casos, una baja en homicidios no necesariamente indica un éxito en seguridad. Cuando una organización criminal controla un territorio, los homicidios pueden disminuir, no necesariamente porque haya menos violencia, sino porque el crimen organizado establece su propio orden.
La Necesidad de Cifras Unificadas
Según Johnson, es fundamental contar con datos unificados. Hace más de diez años, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) resaltó la importancia de aclarar las cifras de homicidios en Chile, dado que diferentes instituciones reportaban números dispares. Este vacío fue abordado con la creación del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos bajo el Gobierno de Gabriel Boric, el cual combina datos provenientes de policías, el Ministerio Público y el Servicio Médico Legal.
Dificultades en la Medición de Homicidios
Johnson menciona que, aunque los homicidios en Chile rondan los 1,200 al año, los delitos contra la propiedad superan los 600,000. La gran diferencia en magnitud hace que los homicidios sean menos predecibles o estables. Por ejemplo, durante fines de semana largos, la tasa de homicidios puede aumentar drásticamente, lo que distorsiona la percepción de la realidad delictual.
Además, distingue entre homicidios ligados al crimen organizado y otros contextos, complicando aún más la interpretación de los datos semanales. Una lesión grave puede eventualmente ser reclasificada como homicidio, lo que implica un cambio en la naturaleza del delito que no puede determinarse con informes tan frecuentemente actualizados.
Políticas Públicas y su Efectividad
Johnson enfatiza que es complicado establecer políticas efectivas que influyan directamente en la reducción de homicidios. Las decisiones basadas en datos inmediatos pueden llevar a medidas reactivas, en lugar de acciones preventivas que aseguren una mejora sostenible en el tiempo. En este sentido, propone utilizar otros indicadores para evaluar el desempeño de instituciones como el Ministerio Público o Gendarmería en lugar de centrarse exclusivamente en los homicidios.
Expectativas hacia el Gobierno de Kast
Aunque Johnson reconoce que es pronto para evaluar el impacto del Gobierno de José Antonio Kast, señala la importancia de definir claramente las políticas públicas en materia de seguridad. Hasta ahora, las propuestas del Gobierno, como el plan para la frontera norte y el enfoque en inmigración irregular, necesitan ser concretadas para poder ser evaluadas adecuadamente.
Momentos Clave en el Gobierno de Boric
Johnson resalta que bajo la administración de Gabriel Boric, se implementaron cambios significativos, como la creación del ministerio de Seguridad. Aunque este aún está en proceso de consolidación, el objetivo es establecer políticas públicas basadas en evidencia y diagnósticos adecuados para abordar las complejidades del contexto delictual chileno.
