El presidente Gustavo Petro ha nombrado a Daniel Quintero como nuevo superintendente nacional de Salud de Colombia. Esta decisión se produce en un contexto crítico para el sistema de salud del país y tras la renuncia de Bernardo Camacho al cargo, quien se vio envuelto en desacuerdos con la administración actual. Quintero, quien fue alcalde de Medellín y concursante por la presidencia, asumirá este puesto como el quinto superintendente del Gobierno de Petro.
La hoja de vida de Quintero fue publicada por la Presidencia, destacando su formación académica, que incluye una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Boston. A pesar de su experiencia como ingeniero electrónico y viceministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cabe señalar que no cuenta con experiencia previa en el sector salud. A través de su cuenta de X, Quintero prometió utilizar tecnología avanzada para «desmantelar el cartel de la salud» y asegurar que la ciudadanía recupere su derecho a la vida, haciendo hincapié en las deficiencias del sistema y de las EPS.
Las EPS, que representan las entidades a las cuales los ciudadanos deben estar afiliados para recibir atención médica, han sido acusadas por el Gobierno de mala gestión y corrupción. Este enfoque se basa en la creencia de que el problema del sistema de salud no es la falta de recursos, sino el mal manejo por parte de estos intermediarios en administraciones anteriores.
Por otro lado, la salida de Camacho se interpreta como fruto de desavenencias con Petro, especialmente en torno a las órdenes de seguir liquidando EPS y trasladar sus usuarios a la estatal Nueva EPS, algo que Camacho argumentó no era viable. Aunque oficialmente su renuncia se atribuye a motivos personales, se ha informado que el presidente solicitó su salida del cargo.
Petro ha intentado reformar el sistema de salud sin éxito en el Congreso, buscando eliminar o reducir las funciones de las EPS. En respuesta, ha intervenido gradualmente, asumiendo el control de ocho EPS que suman más de 23 millones de afiliados. Sin embargo, las asociaciones de salud han advertido sobre el insuficiente financiamiento a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que ha llevado a más de 200 organizaciones de pacientes a presentar denuncias contra el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por su responsabilidad en casos de negligencia.
Con la llegada de Quintero a la Superintendencia, se espera una profundización de la intervención estatal en el sector salud, un desafío que debe equilibrar la mejora de la atención a los ciudadanos y el manejo de un sistema que enfrenta un déficit financiero significativo. La Nueva EPS, que cuenta con alrededor de 11,5 millones de usuarios, ha visto extendida su intervención gubernamental hasta abril de 2027, lo que refleja las dificultades persistentes en el sector.
