El Gobierno de Gustavo Petro ha hecho un avance significativo en su propuesta para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Este viernes, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, formalizó la inscripción ante la Registraduría Nacional del comité Promotor de la Asamblea Constituyente, integrado por nueve personas que serán responsables de recolectar cerca de tres millones de firmas, equivalentes al 5% del censo electoral, necesarias para iniciar el proceso de redacción de una nueva Constitución en Colombia. “Con esta radicación, inicia la recolección de firmas para que el poder constituyente se exprese”, afirmó Sanguino a su salida de la Registraduría. El presidente Petro expresó en redes sociales: “El pueblo no se debe dejar quitar su poder de transformar a Colombia y progresar”.
Un Proyecto de Ley que Gana Impulso
La propuesta de Petro, que había sido mencionada esporádicamente en respuesta a bloqueos en el Congreso, toma forma con la inscripción del comité. El proceso que se vislumbra será arduo y polémico, ya que para avanzar, el proyecto de ley destinado a reformar la Constitución Política de 1991 debe ser respaldado por las firmas recolectadas antes de su presentación al Congreso. Posteriormente, el Legislativo determinará si aprueba la ley que convocará a la ciudadanía a las urnas. El mayor desafío radicará en movilizar a 13 millones de colombianos para que voten a favor de esta iniciativa.
Contexto Político y Desafíos Legislativos
El actual contexto en el Congreso plantea obstáculos en términos de tiempo y mayorías. No obstante, esta iniciativa revitaliza la campaña presidencial de la izquierda, liderada por el senador Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico. “Lo fundamental es el poder constituyente; que el pueblo se movilice”, resaltó Cepeda, sugiriendo que la movilización podría también traducirse en ganar espacio en el Congreso o en convocar una Asamblea Constituyente.
Petro, consciente de las limitaciones temporales antes de finalizar su mandato, ha indicado que las verdaderas discusiones políticas se llevarán a cabo en un nuevo Congreso, que será elegido el próximo 8 de marzo. Este nuevo equilibrio político será crucial para determinar el futuro de la propuesta, más allá de las firmas que los impulsores logren reunir.
Respuestas a la Iniciativa
Desde inicios de 2024, cuando Petro propuso esta convocatoria en medio del estancamiento de su reforma de salud, la oposición ha criticado la medida, acusando al presidente de buscar su reelección. Aunque este argumento ha perdido fuerza con el tiempo, la iniciativa enfrenta resistencia de diversos sectores que consideran la Constitución de 1991, resultado de un movimiento ciudadano conocido como la Sétima Papeleta, como un pilar fundamental de la democracia colombiana.
El Gobierno, aunque reconoce la relevancia de esta Carta Magna, sostiene que ha quedado obsoleta. Petro denuncia un “bloqueo institucional” en el Congreso, donde se oponen a sus propuestas no por su contenido, sino por las diferencias políticas. La sistemática dilación en el debate de cuestiones cruciales, como la ley que sostendría el Ministerio de la Igualdad y la reforma a la salud, añaden más presión a su administración frente a la oposición.
La situación se complica aún más tras la reciente derrota del Ejecutivo en el Legislativo, donde se hundió su reforma tributaria, afectando el presupuesto de 2026. Ante esto, el Gobierno ha declarado una emergencia económica, decisión que será revisada por la Corte Constitucional.
