El magistrado Juan Carlos Peinado ha tomado decisiones trascendentales en un caso que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Durante cinco días, mantuvo en suspenso dos de las resoluciones más controvertidas de su carrera, pero este sábado finalmente anunció la apertura de juicio oral contra Gómez. Además, se le ha retirado el pasaporte, se le prohibió salir de España y se le ha ordenado comparecer dos veces al mes ante un juzgado. Estas medidas representan una acción inaudita en la historia reciente de España y han sido solicitadas por la acusación popular, encabezada por la asociación ultracatólica Hazte Oír y grupos de extrema derecha como el partido Vox. Las mismas restricciones se han impuesto a Cristina Álvarez, asesora de Gómez en La Moncloa.
Justificación de las Medidas
Peinado, quien anteriormente había rechazado restringir los movimientos de Begoña Gómez, ha justificado su decisión alegando la existencia de “indicios racionales de criminalidad”. En su resolución, el magistrado consideró que las penas de cárcel asociadas a los delitos que se les imputan presentan un riesgo de que ambos intenten eludir la acción de la justicia. Peinado incluso indicó que los agentes de policía que brindan seguridad a Gómez podrían colaborar involuntariamente con una posible fuga: “No cabe duda de que esos agentes, en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, pueden ser quienes colaboren en acciones que faciliten la fuga”, expresó.
Reacción del Gobierno
El Gobierno ha manifestado su oposición a estas medidas. Elma Saiz, portavoz del Ejecutivo, indicó que “es una medida que no se entendería”. Tras la decisión de este sábado, fuentes de La Moncloa han criticado al magistrado, resaltando que evidencia una “persecución” y una “obsesión” de parte de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que, afirman, carece de sentido jurídico y responde a motivos políticos.
Historia de la Acusación
No es la primera vez que la acusación popular solicita la retirada del pasaporte a Begoña Gómez. En noviembre de 2024, intentó imponer esta medida debido a un viaje programado por la cumbre del G-20 en Brasil, pero el juez Peinado la rechazó al considerarla “innecesaria” y “desproporcionada”, argumentando que la instrucción se encontraba en una “fase inicial”. En esa ocasión, señaló que era poco probable que Gómez deseara residir en el extranjero por un tiempo prolongado, dado su estatus y las condiciones de vida que disfrutaba en España.
Comparativa con Otros Casos
El Gobierno ha comparado la decisión del magistrado Peinado con la del juez José Luis Calama, quien rechazó aplicar medidas cautelares similares a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, en un caso relacionado con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. En su resolución, Calama subrayó que, a pesar de no disipar los indicios en su contra, no existía riesgo de fuga, dado que Zapatero es una figura de notable notoriedad pública, lo que complica cualquier intento de evasión.
Implicaciones del Juicio
La decisión de abrir juicio oral no puede ser recurrida ante la Audiencia de Madrid, aunque los abogados de Begoña Gómez y Cristina Álvarez pueden presentar alegaciones contra las medidas cautelares. Además, todavía existe la posibilidad de que el tribunal provincial anule el procesamiento, tal como han solicitado los acusados y la Fiscalía, que también ha pedido el archivo del caso.
Peinado atribuye a Begoña Gómez cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. La investigación se centra en dos ejes: el aprovechamiento de Gómez de su relación con Sánchez para impulsar su carrera profesional y su colaboración con su asesora en trabajos privados. El magistrado describe esta situación como una trama de corrupción sin precedentes en la España contemporánea.
Penalizaciones Solicitadas
De cara al juicio, la acusación popular ha exigido penas de hasta 24 años de prisión para Begoña Gómez, 22 años para Cristina Álvarez y seis años para el empresario Juan Carlos Barrabés.
Reacciones en el PSOE
La resolución del juez Peinado ha suscitado críticas fuertes entre miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE. Óscar Puente, ministro de Transportes, calificó la situación de “ignominia” y mostró su indignación ante la posibilidad de que “la propia Policía que custodia a Begoña Gómez le ayude a fugarse”. Otros miembros del PSOE han expresado también su descontento, argumentando que el actuar del juez atenta contra el Estado de derecho y vulnera las garantías procesales.
