Excarcelación y Apatridia en Nicaragua: Un Análisis de la Situación Actual
El 9 de febrero de 2023, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo tomó la decisión de excarcelar a 222 presos políticos que habían estado durante años bajo condiciones de tortura y confinamiento en las cárceles de El Chipote y La Modelo, en Nicaragua. Estos ciudadanos, que fueron desterrados a Estados Unidos, incluían a siete precandidatos presidenciales opositores, arrestados cinco meses antes de las elecciones de noviembre de 2021, y a numerosos activistas y líderes cívicos que participaron en la rebelión de abril de 2018 y en el diálogo nacional con el Gobierno, el cual fue sofocado con represión estatal.
Decreto de Apatridia y Reacción Internacional
Al mismo tiempo que el «vuelo de la libertad» aterrizaba en el aeropuerto Dulles en Virginia, un magistrado del Tribunal de Apelaciones en Nicaragua emitió un decreto que catalogaba a los 222 desterrados como “traidores a la patria”, despojándolos de su nacionalidad e convirtiéndolos en “apátridas”. Este decreto reflejó la advertencia de Ortega en noviembre de 2021, cuando se autoproclamó vencedor en unas elecciones sin competencia y descalificó a los opositores de manera vehemente. En ese momento, afirmó que eran “hijos de perra de los imperialistas yanquis” y ordenó su traslado forzado a Estados Unidos.
La comunidad internacional, especialmente la mayoría de las naciones democráticas de América Latina y Europa, condenó esta acción. En este contexto, el Gobierno de España se destacó al ofrecer protección internacional a los nicaragüenses apátridas, facilitando la posibilidad de obtener la nacionalidad española “por carta de naturaleza”.
Venganza y Nuevas Confiscaciones
Una semana después del primer decreto de apatridia, el 15 de febrero de 2023, el régimen aplicó represalias contra 94 ciudadanos, mayormente exiliados, a quienes también declaró “traidores a la patria” sin la realización de juicios legales. Al igual que con los 222, el Gobierno español extendió su oferta de nacionalidad española a estos 94 afectados y a cualquier nicaragüense que pudiera verse en una situación similar en el futuro.
Desde 2023 hasta 2026, el Consejo de Ministros de España ha otorgado la nacionalidad española a más de 135 nicaragüenses, mientras que el régimen de Ortega ha desterrado a otros 125 presos políticos hacia Guatemala, privándolos de su nacionalidad.
El Impacto de la Apatridia
De acuerdo con las Naciones Unidas, más de 452 nicaragüenses han sido declarados apátridas, sin considerar los casos que no fueron documentados oficialmente y aquellos que han enfrentado juicios secretos. Muchos más se encuentran en un estado de apatridia de facto, con prohibiciones para ingresar al país y restricciones para renovar sus documentos de identidad.
Los apátridas representan la diversidad de la sociedad nicaragüense afectada por la persecución política del régimen. Entre ellos hay obispos, escritores, activistas, defensores de derechos humanos, académicos y un amplio espectro de ciudadanos que han sido perseguidos por oponerse a la dictadura.
Comparativa Histórica de Reprisiones
La promoción masiva de la apatridia en Nicaragua ha superado incluso las políticas represivas de dictaduras en Chile y Argentina durante el siglo XX, así como los regímenes de Cuba y Venezuela en el siglo XXI. Según Reed Brody, abogado penalista y miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua (GHREN), el uso sistemático de la privación de nacionalidad como herramienta de represión en Nicaragua es excepcional y constituye una violación del derecho internacional.
Llamados a la Acción Internacional
Desde la creación del GHREN en marzo de 2022, sus informes han instado a la comunidad internacional a considerar acciones contra Nicaragua por violaciones a convenciones que previenen la apatridia y la tortura, pero hasta el momento no se ha presentado ninguna acusación formal.
El gesto de protección de España es un paso importante, aunque insuficiente, para abordar la impunidad que rodea los crímenes de la dictadura. Existen al menos cuatro razones que justifiquen que la comunidad internacional considere un juicio contra Ortega y Murillo:
La Jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el único foro que reconoce el estado forajido de Ortega y Murillo. Nicaragua ha reivindicado fallos de la CIJ en el pasado y, por lo tanto, no puede desconocer su autoridad en una acusación por violaciones de derechos.
Pruebas y Reconocimiento de Crímenes
Los decretos de apatridia de 2023 y la nueva constitución de 2025 que eleva la apatridia a rango constitucional sirven como pruebas concluyentes de estos crímenes. Estas evidencias facilitan la posibilidad de un juicio expedito y de bajo costo.
Significado Político de un Fallo de la CIJ
Una condena de la CIJ no solo expondría el aislamiento político del régimen, sino también confirmaría la ilegitimidad del Gobierno de Ortega, surgido de las elecciones fraudulentas de 2021.
Oportunidad para el Derecho Internacional
Los Estados democráticos en la OEA y la Unión Europea tienen la oportunidad de iniciar una estrategia política que se base en el derecho internacional, con el objetivo de fomentar una transición democrática en Nicaragua. Un fallo condenatorio podría ser un primer paso hacia establecer una alianza internacional que impulse este proceso.
