La campaña presidencial en Colombia avanza mientras los candidatos hacen promesas de incrementar la seguridad, mejorar la educación y ofrecer subsidios para aliviar a las familias. Sin embargo, se enfrentan a una dura realidad: el país sufre un déficit fiscal que ha alcanzado el 6,4% del PIB, lo que genera inquietudes sobre la estabilidad económica y la viabilidad de sus propuestas. Este panorama fiscal crítico podría desencadenar un aumento de la inflación, poner en riesgo el sistema financiero y amenazar los ingresos del Estado, haciendo necesaria la implementación de medidas impopulares, como recortes de gasto o nuevos impuestos.
Desafíos de laacidad fiscal
Durante una reciente entrevista en Caracol Radio, la periodista Vanessa de la Torre instó a la candidata uribista Paloma Valencia a explicar cómo planea financiar su promesa de un aumento del gasto en seguridad por 20 billones de pesos. Valencia, al reconocer la gravedad de la crisis fiscal, propuso recortes en gastos burocráticos y un aumento en los controles tributarios como soluciones, argumentando que estos evitarían recortes en programas sociales.
Según Oliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad y autor de El laberinto fiscal de Colombia, la situación es más compleja de lo que los candidatos indican. Las medidas necesarias para abordar el déficit podrían resultar políticamente suicidas, ya que implicarían recortes en áreas sensibles, como la salud y las pensiones. Pardo destaca que la crisis fiscal tiene un componente estructural que se arrastra desde hace décadas.
Ambigüedad en las propuestas
Frente a este contexto, los candidatos han optado por formular propuestas vagas y centradas en la reducción de la corrupción y la burocracia. Abelardo de la Espriella, de la ultraderecha, ha argumentado que acabar con la corrupción y reducir el tamaño del Estado en un 40% son fundamentales, aunque sus propuestas carecen de detalles concretos.
Por otro lado, el izquierdista Iván Cepeda ha sugerido la creación de una Ley de Austeridad Republicana con el fin de reducir gastos de lujo en el Gobierno. Cepeda propone limitar los salarios de altos funcionarios y eliminar gastos innecesarios sin afectar los derechos sociales de los ciudadanos.
Pardo enfatiza que estas propuestas son fácilmente formuladas pero insuficientes. Señala que muchas de las áreas donde se podría recortar gasto son difíciles de tocar y que recortes drásticos podrían no ser sustentables. Considera que se necesita un gran pacto social que incluya la lucha contra la corrupción como un primer paso.
Propuestas económicas arriesgadas
Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y asesor de Valencia, aclara que la crisis fiscal es inminente y que se necesita un Gobierno que pueda abordarla efectivamente. Propone ajustes que, si se hacen correctamente, no deben recaer sobre los ciudadanos, sino sobre los corruptos y políticos. Cárdenas sugiere reducciones de impuestos que estén alineadas con la mejora de la calidad de vida, pero sin aumentar el déficit.
Mientras tanto, Juan José Echavarría, potencial ministro de Hacienda en la campaña de Sergio Fajardo, opina que Colombia está en una situación difícil con respecto a los impuestos, considerando que tiene un déficit fiscal considerable pero pocos impuestos en comparación con otros países de América Latina. Echavarría defiende la idea de un plan de ajuste para recortar el gasto sin subir los impuestos, aunque no descarta la posibilidad de buscar nuevos ingresos si resulta necesario.
Por su parte, De la Espriella y su equipo han propuesto reducir exenciones fiscales y mejorar la recolección de impuestos mediante la eliminación de la burocracia. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por otros economistas, que lo consideran irrealista y peligroso, advirtiendo que un recorte abrupto al estilo de Javier Milei en Argentina podría resultar perjudicial para Colombia.
En este contexto, el debate sobre cómo solucionar la crisis fiscal en Colombia sigue abierto, con diversas propuestas sobre la mesa que evidencian la complejidad del problema.
