La extracción de oro ilegal en la base militar de La Mandinga, Colombia

A pocos metros del Batallón Rifles 31, una unidad militar ubicada en el noroeste de Colombia, una actividad ilegal perturba la seguridad del país. Decenas de mineros, con mangueras de alta presión, están destruyendo el bosque para extraer oro en una mina conocida como La Mandinga, que se encuentra bajo el control del Clan del Golfo, el cartel más grande de Colombia, designado por Estados Unidos como organización terrorista.

La cercanía entre la mina y la base militar

La mina y la base militar están tan próximas que los generadores diésel que alimentan la operación ilegal son audibles desde las instalaciones militares.

Según una investigación del The New York Times, la extracción de oro se ha extendido a tan solo 137 metros de la piscina privada de la base. A pesar de las evidencias, el comandante de la unidad, coronel Daniel Echeverry, inicialmente negó la explotación de recursos dentro del perímetro militar. Sin embargo, tras acompañar a los reporteros en un recorrido, se vio obligado a reconocer la presencia de los mineros y ordenó su salida, advirtiéndoles que podrían ser disparados por estar en una propiedad del Ministerio de Defensa.

Violencia y resistencia de los mineros

La situación se tornó violenta cuando los mineros respondieron con machetes, piedras y amenazas. En un momento crítico, un minero roció con gasolina al coronel y a sus soldados, lo que llevó a estos últimos a destruir parte del equipo antes de retirarse. Este enfrentamiento plantea una pregunta alarmante: si el Estado no puede controlar la actividad criminal dentro de una base militar, ¿cómo lo hará en el resto del país?

Impacto del Clan del Golfo en la región

La investigación del Times revela que el Clan del Golfo cobra 400 dólares mensuales a cada equipo de cinco mineros por el derecho a operar en La Mandinga. Los equipos, que suman posiblemente más de mil, trabajan en condiciones tóxicas, mezclando el mineral con mercurio para separar el oro. Esta actividad no solo contamina los ríos y deforesta el bosque tropical, sino que también financia asesinatos y atentados utilizados por el cartel para mantener su control en la región.

Reacciones de las autoridades colombianas

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, se pronunció en su cuenta de X tras la publicación de este informe, asegurando que ha ordenado una verificación e investigación inmediata para esclarecer los hechos. “Si existiera cualquier vínculo, omisión o conducta irregular, se actuará con todo el peso de la ley”, declaró.

El flujo del oro hacia el mercado internacional

A pesar de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. mantiene a los líderes del Clan del Golfo en una lista negra, el oro obtenido ilegalmente sigue fluyendo sin grandes obstáculos hacia el mercado internacional. La investigación del Times documenta cómo este oro se convierte en producto legítimo a través de un sencillo sistema de documentación. En la ciudad cercana de Caucasia, los comerciantes registran cada gramo bajo nombres de mineros que poseen licencias reservadas para quienes trabajan de manera manual y sin mercurio en zonas autorizadas, aunque muchos mineros no cumplen con estas condiciones.

Auditoría del Departamento del Tesoro

Una vez “legalizado”, el oro se mezcla con material de todo el país y se funde en una refinería en las afueras de Dallas llamada Dillon Gage, donde el oro colombiano se combina con otros materiales para ser considerado estadounidense. En 1985, el Congreso de EE. UU. prohibió a la Casa de la Moneda fabricar lingotes con oro extranjero, pero una auditoría reveló que durante 20 años nunca se cuestionó el origen del oro comprado.

Implicaciones globales de la minería ilegal

Con el precio del oro alcanzando niveles históricos de hasta 5,000 dólares la onza, los incentivos para introducir metal ilícito en mercados legítimos son enormes. La minería ilegal no solo respalda economías sancionadas como las de Venezuela e Irán, sino que también ha superado al narcotráfico en Colombia como fuente de recursos para grupos armados.

La investigación concluye evidenciando un gran desafío para la seguridad en Colombia. A medida que las autoridades buscan mitigar la minería ilegal, la situación en La Mandinga revela la complejidad de las redes de criminalidad en el país.