A 35 días del escándalo por los bienes y lujos del jefe de ministros, Javier Milei aseguró que Manuel Adorni, su ministro, haría públicas las aclaraciones sobre su patrimonio de forma inminente. Sin embargo, la declaración jurada aún no ha sido presentada y el Gobierno ha intentado desviar la atención hacia el inicio del Mundial, mientras Adorni trabaja para regularizar su situación.
Este miércoles, Adorni solicitó acogerse a un régimen establecido en la llamada ley de “inocencia fiscal”, que permite evitar la justificación del aumento patrimonial y regularizar dólares no declarados. Este régimen fue promovido por el Gobierno y también ha sido adoptado por su esposa, Bettina Angeletti, y otros miembros del Gabinete libertario.
La solicitud de Adorni fue revelada por el periodista Hugo Alconada Mon, justo diez días después de que su esposa hiciera lo mismo. Ambos están bajo investigación judicial por un desbalance entre su nivel de ingresos y sus gastos, que se estima en más de medio millón de dólares. Entre sus lujosos gastos se incluyen la compra de dos viviendas mediante préstamos fuera del sistema bancario, un viaje familiar en avión privado a Uruguay y vacaciones en Aruba.
La Ley 27.799, conocida como “ley de inocencia fiscal”, es una modificación del Régimen Penal Tributario que se aprobó a fin del año pasado junto con el presupuesto de 2026. Esta normativa ha cobrado vigencia a principios de 2023 y está alineada con la ideología de Milei, que sostiene que los evasores son “héroes” que logran escapar del Estado. La ley tiene dos componentes clave: una reforma a la penalidad por evasión tributaria y la creación de un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, al que Adorni ha solicitado adherirse.
Este régimen optativo ofrece diversos beneficios a los contribuyentes, como una declaración jurada sencilla que no requiere detallar sus movimientos patrimoniales ni justificaciones de su estilo de vida. Además, si se cumple con el pago correcto del impuesto, se establece un “bloqueo fiscal” que evita revisiones de años anteriores. Las personas con dólares no declarados pueden regularizar esa situación sin enfrentar costos impositivos, siempre que el dinero provenga de actividades lícitas, lo que puede ser evaluado por la Unidad de Información Financiera si recibe reportes de operaciones sospechosas.
En este contexto, Adorni y Angeletti buscan regularizar su situación fiscal de cara al período 2025, posiblemente debido a la presión de la investigación judicial en curso. Aunque la normativa específica que ARCA no revisará el aumento patrimonial de quienes se adhieran a este régimen, no bloquea investigaciones en ámbitos como el enriquecimiento ilícito o lavado de activos, lo que sugiere que la investigación sobre Adorni podría continuar.
El régimen no excluye a los funcionarios públicos ni a sus familiares, pero establece límites económicos, dejando fuera a contribuyentes con ingresos anuales superiores a 1.000 millones de pesos (aproximadamente 830.000 dólares) y patrimonios que superen los 10.000 millones de pesos (cerca de 8,3 millones de dólares). Este marco ha permitido que otros funcionarios del Gobierno, como el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el director de Realización Audiovisual de la Presidencia, Santiago Oría, se inscriban en este régimen.
El pedido de Adorni choca con la imagen de integridad que el Gobierno intenta proyectar. A pesar de enfrentar múltiples causas, Milei se encuentra trabajando en un libro titulado La moral como política de Estado y ha reiterado que su gestión se basa en “valores éticos y morales”. Anteriormente, Adorni se había mostrado crítico ante gastos injustificados de otros funcionarios, pero se resiste a dar explicaciones en este momento.
