El Senado de Chile rechazó el pasado martes los cuatro capítulos de la acusación constitucional formulada por la extrema derecha, específicamente el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y otros sectores, contra Nicolás Grau, exministro de Hacienda durante el gobierno de Gabriel Boric (2022-2026) y miembro del Frente Amplio. Dicha acusación sostenía que Grau había incurrido en infracciones a la Constitución y las leyes en la gestión de las finanzas públicas, así como errores en sus proyecciones económicas.
El escrito, redactado por los libertarios, buscaba inhabilitar a Grau para ocupar cargos públicos durante cinco años. Grau fue titular del Ministerio de Hacienda de agosto de 2025 a marzo de 2026, tras reemplazar a Mario Marcel. Anteriormente, ocupó la cartera de Economía.
Para que la acusación prosperara en el Senado, la oposición requería 26 votos, pero no logró el apoyo de algunos miembros moderados de Renovación Nacional (RN), resultando en solamente 16 votos favorables para los capítulos. Tras el rechazo, Grau expresó su agradecimiento a los senadores de diferentes agrupaciones que evaluaron la acusación en términos de su mérito, en lugar de las diferencias políticas.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), señaló que en este tipo de acusaciones no es suficiente alegar errores o malas decisiones, afirmando que se trata de una herramienta extrema. Según Núñez, si se convierte en el medio habitual para resolver diferencias técnicas y disputas políticas, se debilita la institucionalidad y se afecta el proceso de fiscalización.
La acusación había sido aprobada una semana antes en la Cámara de Diputados, logrando 77 votos a favor y 68 en contra, apoyada por el Partido de la Gente (PDG), que no tiene representación en el Senado. La ofensiva contra Grau se intensificó tras la presentación del Informe de Finanzas Públicas por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien denunció inconsistencias significativas en las proyecciones heredadas, incluyendo una diferencia de más de 10.500 millones de dólares en la proyección de deuda pública para el periodo 2026-2030, además de un déficit estructural que superaba las metas establecidas.
Las acusaciones contra Grau se basaron en los antecedentes técnicos del Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025 y su posterior ajuste en 2026. El primer capítulo del libelo acusaba infracción del principio de probidad; el segundo mencionaba la vulneración del deber de coordinación y unidad en la gestión financiera del Estado; el tercero se refería a la violación del principio de universalidad presupuestaria; y el cuarto describía incumplimientos en la coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y los presupuestos anuales.
Propuestas de reforma
La acusación contra Grau generó un intenso debate sobre el uso político de estas herramientas. En los últimos nueve años, solo cuatro de las aproximadamente treinta acusaciones presentadas fueron aprobadas. El Frente Amplio también presentó acusaciones durante el mandato del expresidente Sebastián Piñera (2018-2022).
Juan Luis Ossa, historiador e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), advirtió sobre el uso excesivo de las acusaciones constitucionales, resaltando que esto ha dañado la relación entre el Legislativo y otros poderes del Estado. Usar este mecanismo como venganza política, según Ossa, sería perjudicial tanto para los acusadores como para los acusados.
La situación también generó tensiones en el oficialismo, donde coexisten la extrema derecha y partidos de derecha más tradicionales. En la Cámara de Diputados, varios parlamentarios de Evópoli y Renovación Nacional se abstuvieron de apoyar la acusación, lo que provocó críticas internas. Algunos de estos legisladores argumentaron que no había méritos jurídicos suficientes para avanzar con el libelo, pidiendo evitar una nueva temporada de acusaciones constitucionales.
Previo a la votación, el abogado de Grau, Patricio Zapata, argumentó que una acusación afecta derechos fundamentales al inhabilitar a una persona para ejercer cargos públicos por cinco años. Varios exministros de Hacienda y exdirectores de Presupuesto también se manifestaron en contra de la acusación, destacando su falta de fundamento.
El debate se extendió más allá de lo político, con voces como las de dos exministros del Tribunal Constitucional que consideraron que el libelo carecía de meritos. Según encuestas recientes, el 58% de la población opina que las acusaciones constitucionales se han convertido en herramientas de disputa política, y un 71% cree que no resuelven problemas fundamentales. En el caso específico de Grau, un 32% se manifestó a favor de la acusación, mientras que un 27% en contra, y un 41% no tuvo una posición clara.
