El Partido Popular (PP), Vox y cuatro acusaciones populares han decidido duplicar sus solicitudes de pena para David Sánchez, exfuncionario de la Diputación de Badajoz, exigiendo seis años de prisión por delitos de prevaricación administrativa en concurso medial con tráfico de influencias. En el caso del expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, la petición de pena ha sido elevada a cuatro años.
Acusaciones de Irregularidades en Contrataciones
Los funcionarios de la Diputación de Badajoz, señalados en este caso por las presuntas irregularidades en la contratación de Sánchez, han negado toda acusación de irregularidades. Cristina Núñez, exdiputada delegada de Cultura; Elisa Moriano, exdirectora del área de Cultura, y Juan Cintas, exdirector de Recursos Humanos, han defendido su papel en el proceso y afirmaron no tener conocimiento alguno sobre el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni durante la creación ni en la adjudicación del puesto.
Declaraciones Relevantes
Juan Cintas ha sostenido que David Sánchez no incumplió sus funciones laborales, y ha resaltado la transparencia del proceso. Por su parte, Miguel Ángel Gallardo, quien ocupaba la presidencia de la Diputación en el momento de los hechos, también ha rechazado cualquier contacto por parte de Pedro Sánchez respecto a la plaza adjudicada a su hermano, afirmando que en ese momento “no era consciente ni de que tenía hermanos”.
Las próximas fases del proceso judicial determinarán el futuro de los acusados en este caso que continúa generando un amplio interés mediático.
