El escándalo por el contrabando de combustible en las aduanas de México ha llegado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). A diez meses de la detención de una red de corrupción liderada por marinos de alto rango, la Fiscalía General de la República (FGR) busca detener a tres miembros del Ejército. Estos individuos, jefes de la Aduana de Matamoros, facilitaron el contrabando de 144 millones de litros de hidrocarburos entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025. Al igual que en el caso de la Marina, el epicentro de este delito se encuentra en el estado fronterizo de Tamaulipas. Los militares involucrados se encuentran prófugos y forman parte de una lista de 13 personas, que incluye soldados, militares y empresarios, contra quienes hay órdenes de aprehensión; de los cuales, siete ya han sido arrestados.
Los acusados con rango militar son el teniente coronel Armando Barrera Trujillo y el teniente coronel Blas Pedro Sarabia García, quienes fueron titulares de la Aduana de Matamoros entre 2024 y 2026, así como el teniente de Policía Militar Jorge García García, ex subdirector de operación aduanera en el mismo lugar. Según registros públicos, Barrera Trujillo y Sarabia García han solicitado amparos en febrero de este año contra la Unidad de Inteligencia por el bloqueo de sus cuentas bancarias.
La trama del contrabando aparentemente estaba encabezada por Armando III Riestra Fernández, propietario de la empresa Servicios Aduanales JR, quien se encuentra encarcelado en el penal del Altiplano desde enero de 2026. Su empresa fue responsable de gestionar los permisos para importar los 144 millones de litros de combustible, que fueron camuflados como solución de cloruro de calcio. Las empresas importadoras involucradas son Jumandi Group, de Aguascalientes, y Ferroservicios, ubicada en Pedro Escobedo, Querétaro.
En la orden de aprehensión se detalla que esta organización delictiva involucra a miembros de las fuerzas armadas, como Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, quienes desempeñaron sus funciones durante el periodo investigado, que abarca desde el 1 de junio de 2024 hasta el 15 de julio de 2025.
Los 144 millones de litros de combustible fueron contrabandeados tras la incautación del buque Challenge Procyon en la aduana de Tampico, también en Tamaulipas. Aunque el barco transportaba aditivos para aceites lubricantes, durante la inspección se descubrió que en su interior había combustible. Este hallazgo resultó crucial para desmantelar una de las mayores conspiraciones criminales de los últimos años, una red de complicidades entre marinos, funcionarios y empresarios que, de junio de 2023 a marzo de 2025, coordinó al menos 69 operaciones de contrabando, facilitando la entrada ilegal de alrededor de 564 millones de litros de combustible.
El control de las aduanas fue transferido a las fuerzas militares a mediados de 2020, con los marinos a cargo de los puertos y soldados en las aduanas terrestres. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador avaló esta medida, argumentando que la honestidad y eficacia de los cuerpos castrenses eran claves para una mejor gestión. Sin embargo, a medida que han emergido varios escándalos de corrupción, estas justificaciones han sido cuestionadas, dejando al descubierto que las instituciones militares enfrentan los mismos problemas de corrupción y deficiencias que aquellos en el ámbito civil.
