El reciente anuncio del Gobierno de José Antonio Kast sobre un plan de retorno voluntario ha generado diversas opiniones. Aunque la propuesta tiene elementos positivos, su presentación como un “plan de salida” en lugar de un “plan de regularización” puede obstaculizar su efectividad. Para que esta iniciativa tenga éxito, es fundamental que los migrantes se sientan seguros acerca de su posibilidad de regresar con una visa.
Este desafío es considerable, especialmente para un gobierno que llegó al poder con el compromiso de expulsar a un gran número de migrantes. Implementar un proceso de regularización podría implicar anular cientos de miles de resoluciones de expulsión ya dictadas, lo que añade un nivel de complejidad a la gestión de esta política migratoria.
Por lo tanto, el futuro de este plan dependerá de la capacidad del Gobierno para crear confianza entre la población migrante y mostrar que el regreso a sus países de origen no representa una pérdida definitiva, sino una opción viable y segura.
