Protestas masivas en Argentina contra recortes en universidades públicas
Cientos de miles de personas se manifestaron en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina, exigiendo al presidente Javier Milei que detenga el ajuste en el financiamiento de las universidades públicas. A pesar de las demandas, el Gobierno confirmó que no cumplirá con la ley de financiamiento universitario, argumentando que su implementación afecta el superávit fiscal. Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, manifestó: “Pueden juntar 100.000, un millón o cinco millones de personas, pero la restricción presupuestaria sigue ahí”. La situación ha llegado a la Corte Suprema de Justicia, tras dos fallos que ordenaron al Ejecutivo respetar la normativa vigente.
La marcha federal y su impacto
Bajo el lema “Milei, cumplí la ley”, la marcha del pasado martes fue convocada por autoridades universitarias, sindicatos de profesores y organizaciones estudiantiles, y contó con un gran respaldo social. En Argentina, existen 64 universidades estatales, que albergan a más de 2,1 millones de alumnos y emplean a aproximadamente 159.000 docentes y 60.000 trabajadores.
Recortes presupuestarios y su impacto en la educación
Desde la llegada de Milei a la presidencia en 2023, las transferencias presupuestarias destinadas a las universidades han disminuido un 45,6%, según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En este mismo periodo, los salarios de profesores y personal universitario han perdido más de un tercio de su poder adquisitivo. Un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia y Tecnología (Ciicti) revela que el presupuesto universitario actualmente es el más bajo desde 1989, pasando del 0,718% del PIB en 2022 al 0,428% en 2023.
La ley de financiamiento universitario y su veto
Ante la crítica situación, un amplio acuerdo opositor aprobó el año pasado la ley de financiamiento universitario, con el objetivo de aumentar los presupuestos del sector a los niveles de 2023, ajustándolos según la inflación. Esta ley tendría un impacto estimado del 0,23% del PIB y requeriría una asignación adicional de entre 2,5 y 3,1 billones de pesos (aproximadamente entre 1.785 y 2.214 millones de dólares). A pesar de su aprobación, Milei vetó la ley, pero este veto fue rechazado por las cámaras legislativas. Sin embargo, el presidente persistió en su oposición, declarando la suspensión de la ejecución de la norma hasta que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento.
El papel de la justicia en el conflicto
Ante la negativa del Gobierno a cumplir con la ley, las universidades llevaron el caso a la justicia a finales de 2025. Las instancias judiciales emitieron una medida cautelar que ordenó al Ejecutivo comenzar a pagar los aumentos salariales y las becas de acuerdo con lo estipulado en la ley. El juez Martín Cormick argumentó que el decreto de Milei desafiaba el principio de división de poderes y podría considerarse arbitrario e ilegal, contribuyendo a un «deterioro salarial» que afecta el derecho constitucional a la educación.
Resistencia del Gobierno y defensa de las universidades
A pesar de los fallos judiciales, el Ejecutivo se niega a restaurar el financiamiento recortado y ha apelado ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando la necesidad de mantener el equilibrio fiscal. En respuesta, el abogado que representa a las universidades, Pablo Manili, defendió la posición de estas instituciones, señalando que el Congreso solo necesita definir el origen del financiamiento para nuevas partidas presupuestarias y cuestionando la veracidad del argumento gubernamental sobre el equilibrio fiscal. La última palabra sobre este conflicto recaerá en los jueces del máximo tribunal del país.
