El Gobierno de Javier Milei ha implementado recortes en el presupuesto y los salarios de las universidades públicas, mientras también cuestiona a los sindicatos docentes por sus medidas de protesta. En este contexto, la comunidad académica ha respondido con un paro que afecta a múltiples instituciones, incluida la Universidad de Buenos Aires (UBA), y ha convocado a una marcha federal para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, aprobada el año pasado pero ignorada por el Ejecutivo.
Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), criticó la situación: “Es perverso que se les destine a las universidades la mitad de los recursos y se les exija el normal funcionamiento. Empiecen por cumplir la ley”, afirmó.
El superávit fiscal reportado por el Gobierno se ha logrado en gran parte gracias a recortes en áreas fundamentales como pensiones, salud y educación. Según el CIN, las universidades nacionales han sufrido una caída real acumulada del 45,6% en sus recursos entre 2023 y 2026, mientras que los salarios del personal han experimentado una pérdida del 32% de su poder adquisitivo.
Desde el inicio del año, los sindicatos de profesores y trabajadores universitarios han estado llevando a cabo huelgas y protestas, apoyados por autoridades académicas y federaciones estudiantiles. Exigen el cumplimiento de aumentos salariales y presupuestarios estipulados en la ley de financiamiento, que prevé una actualización conforme a la inflación. Aunque la ley recibió un amplio respaldo en el Congreso, Milei la vetó, pero los legisladores decidieron ratificarla.
El Ministerio de Capital Humano, que supervisa el sistema educativo, ha manifestado su preocupación por la suspensión de la actividad académica en las universidades del país. En un comunicado, la ministra Sandra Petovello instó a los rectores a informar sobre las medidas implementadas para asegurar el derecho a la educación, proponiendo alternativas como clases virtuales o reprogramaciones.
En respuesta, los rectores informaron que “las universidades permanecen abiertas” dentro de sus posibilidades materiales y presupuestarias, pero advirtieron sobre el “flagrante incumplimiento” de la ley de financiamiento por parte del gobierno, lo cual ha generado tensiones en el sistema académico. Afirmaron que las universidades no son la causa de esta crisis, sino que están esforzándose por mantener su funcionamiento en un contexto de gran precariedad.
Los sindicatos de docentes y trabajadores no docentes también manifestaron su desacuerdo con la postura del Gobierno, acusándolo de implementar una política de “pauperización de los salarios” y de asfixia en el funcionamiento de las universidades. Gremios como Aduba, UTE, Feduba y Apuba han convocado a una huelga de 24 horas en la UBA y han iniciado un paro nacional organizado por la federación Conadu Histórica.
Además, todos los sindicatos han reafirmado su intención de realizar una nueva marcha federal universitaria, que será la cuarta desde el inicio de la gestión de Milei, programada para el 12 de mayo.
El Gobierno se niega a aplicar la ley de financiamiento universitario, argumentando que afectaría su objetivo de mantener el superávit fiscal. Ante las inquietudes de la oposición, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señaló que “el Congreso sancionó una ley que dispone gastos sin prever su fuente de financiamiento”, lo que, según él, impide su ejecución.
Las universidades han llevado su caso a la justicia y, en marzo, obtuvieron un fallo que ordena la actualización y recomposición de salarios y becas. Este fallo ha sido recurrido por el Ejecutivo ante la Corte Suprema, donde el trámite sigue abierto a la espera de resoluciones.
