La violencia en Colombia sigue en aumento, y la situación se complica con la proliferación de grupos armados y sus respectivas disidencias. Esta semana, el asesinato de Mateo Pérez Rueda, un joven periodista de 25 años y fundador del medio local El Confidente, resaltó la falta de protección y orden en zonas donde operan estos grupos. Pérez fue asesinado en Briceño, Antioquia, por miembros del Frente 36 de las disidencias de las FARC, en medio de su trabajo de cobertura de la violencia entre estos y el Clan del Golfo, conocido también como EGC.
El presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta de X para dar una explicación histórica sobre la minería ilegal y distanciar su Gobierno de las fallas en la política de paz, afirmando que el periodista fue asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano, un integrante de un grupo fragmentado del Frente 36. Sin embargo, no mencionó que esta estructura es parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), cuyo líder, Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, tiene una orden de captura pendiente a pesar de ser considerado un “gestor de paz”.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, junto a expertos en políticas de paz, ha instado a Petro a cancelar negociaciones con este grupo que sigue amenazando a las comunidades. En un editorial reciente, El Espectador criticó la respuesta del Gobierno al asesinato de Pérez, sugiriendo que se centra más en los efectos políticos que en la protección de la libertad de prensa.
Además de la situación con el Frente 36, el Gobierno enfrenta retos con el Clan del Golfo. La Oficina del Alto Comisionado de Paz anunció la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para 29 miembros de este grupo en Tierralta (Córdoba) y Belén de Bajirá (Chocó). Sin embargo, la fiscal Camargo comunicó que no se suspenderán las órdenes de captura contra ellos, entre los que se destacan alias ‘Chiquito Malo’, que enfrenta extradición a Estados Unidos. La respuesta de Petro fue clara: la política de paz es dictada por él.
Por si fuera poco, la guerrilla del ELN, con la que el presidente había prometido establecer la paz en un plazo de tres meses, sigue manteniendo a ciudadanos secuestrados y ha anunciado un “juicio revolucionario”. La situación humanitaria se ha deteriorado, con el Comité Internacional de la Cruz Roja advirtiendo que es la peor en una década, acompañada de un incremento de combates y el uso de drones que amenazan a la población civil.
Según un informe de la fundación Conflict Responses (Core), la presencia y poderes de cinco grupos armados, incluyendo el EGC y el ELN, han aumentado significativamente. Este fortalecimiento se ha mantenido tanto durante el gobierno de Iván Duque como el de Petro, lo que indica la incapacidad de ambos para revertir esta tendencia. La responsabilidad ahora recae en los próximos candidatos a la presidencia, quienes deberán enfrentar esta realidad crítica en el país.
