José María Enríquez Negreira, expresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), fue sometido a un análisis forense el 24 de marzo, el tercero desde el comienzo del caso Negreira. Este caso investiga los pagos que el Futbol Club Barcelona realizó, totalizando 7,3 millones de euros, a Negreira y su hijo, Javier Enríquez, entre los años 2011 y 2018. El informe forense indica que Enríquez Negreira «no presenta las capacidades volitivas y cognitivas para comprender el alcance del procedimiento judicial». Este documento, ya en manos del juez, señala que ha habido un “empeoramiento” en su estado desde la última exploración, realizada el 18 de enero de 2024.
La valoración psiquiátrica fue solicitada por la defensa de Enríquez Negreira para determinar si su deterioro cognitivo, que incluye un trastorno neurocognitivo posiblemente relacionado con la enfermedad de Alzheimer, le impide enfrentarse al juicio. Según el análisis, su memoria a corto plazo se encuentra «gravemente afectada», lo que afectaría su capacidad para retener información reciente. Sin embargo, aún muestra recuerdos de su carrera, como nombres de antiguos compañeros y cargos en el Comité Español de Árbitros.
Enríquez Negreira, de 81 años, fue examinado en el Instituto de Medicina Legal de Cataluña; su defensa había alegado un empeoramiento de su demencia, lo que motivó la solicitud de una evaluación adicional por parte de la jueza que sigue el caso.
La instrucción del caso Negreira ha implicado la comparecencia de varios presidentes del FC Barcelona, comenzando con Joan Gaspart, quien inició los pagos, y continuando con sus sucesores: Joan Laporta, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. Todos han negado haber intentado comprar favores arbitrales, argumentando que los pagos estaban relacionados con informes que Negreira elaboraba sobre árbitros que iban a dirigir partidos del Barcelona. Según ellos, estos informes ayudaban a los técnicos del club a gestionar las interacciones con los árbitros.
Ernesto Valverde, quien fue director del primer equipo del Barça entre 2017 y 2020, testimonió que, si bien informes de este tipo son comunes en otros clubes, él no tenía conocimiento de su existencia en el Barcelona. Luis Enrique también indicó no estar al tanto de los informes sobre árbitros. Por su parte, Carles Naval, delegado del Barça, confirmó que recibía dichos informes por correo electrónico y que tras validar su contenido, se aseguraba de que fueran pagados.
El tesorero del club, Alfons Castro, quien también declaró ante el juez en representación del FC Barcelona, aseguró que la entidad siempre ha actuado conforme a la legalidad. Esta declaración, en un contexto electoral para el club, es significativa ya que el FC Barcelona está imputado como persona jurídica por supuestos delitos de administración desleal y corrupción.
