El caso de Rosa Mayerly Olaya, asesinada a manos de Óscar Giovanny Marulanda, ha sacudido a Soacha y al país, revelando una alarmante oleada de violencia machista. Marulanda, quien persiguió a Rosa durante más de cinco meses tras ser rechazado, la hostigaba en su hogar, en su trabajo y en la casa de su expareja. A pesar de sus intentos por detener el acoso, Rosa solicitó en dos ocasiones acompañamiento policial debido a la situación. El trágico desenlace ocurrió el pasado lunes festivo en un almacén Homecenter, donde Marulanda la apuñaló múltiples veces, provocando su muerte. Rosa, originaria del Tolima y madre de un niño de 11 años, había llegado a Soacha cinco años atrás en busca de mejores oportunidades.
A pesar de ser capturado en flagrancia y contar con videos del crimen, Óscar Marulanda no aceptó los cargos. La Fiscalía ha comunicado que se encuentra en prisión mientras avanza el proceso judicial por feminicidio agravado. De acuerdo con la información oficial, Marulanda había visitado en varias ocasiones la casa de la madre y del expareja de Rosa con la intención de intimidarla, lo que confirma las denuncias de acoso presentadas por la familia de la víctima. Además, se ha revelado que el agresor tenía antecedentes por hurto.
El feminicidio de Rosa se suma a una lista desafortunada de crímenes violentos contra mujeres en Colombia. Recientes casos evidencian una tendencia preocupante en espacios públicos, como el feminicidio de Stefanny Barranco en el centro comercial Santa Fe de Bogotá, en 2024. Según la Defensoría del Pueblo, hasta abril de 2026 se registraron 171 feminicidios en el país, un indicativo de la crisis de violencia machista que persiste sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
Los efectos de estos crímenes trascienden a las víctimas directas, afectando a hijos e hijas que quedan en total desamparo. A pesar de que en 2022 se aprobó un proyecto de ley en el Congreso para brindar garantías a estas personas, la reciente desaparición del Ministerio de Igualdad ha puesto en duda la implementación de tales medidas. Rosa, en sus últimas publicaciones, describía a su hijo como un «complemento de vida», y ahora este niño se suma a la larga lista de menores que han perdido a sus madres por la violencia machista y la inacción de políticas efectivas para su protección.
El gobierno actual, liderado por Gustavo Petro, cuenta con un corto plazo para firmar un decreto que instituya medidas de apoyo económico y psicosocial para estos niños. De no hacerlo, será responsabilidad de Abelardo de la Espriella, presidente electo, continuar con esta crucial acción, aunque no ha abordado el tema en su agenda. La falta de claridad sobre cómo se enfrentarán los altos índices de violencia en el país es un motivo de preocupación tanto para las víctimas como para sus familiares.
Recuerde que si usted está sufriendo cualquier tipo de violencia de género, puede comunicarse con la línea nacional 155. En Bogotá, llame gratis al 018000112137 o marque el 195 opción 7. También puede contactarnos por WhatsApp al 3007551846.
