Fiscalía Presenta Cargos a Exministros en Escándalo de Corrupción del Gobierno Petro
La Fiscalía ha dado un paso crucial en el caso de corrupción más significativo del Gobierno de Gustavo Petro, relacionado con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Este jueves, la institución acusó formalmente ante la Corte Suprema de Justicia a los exministros Ricardo Bonilla, del Ministerio de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Ministerio del Interior. Tras una audiencia que se extendió durante dos días y casi 12 horas, ambos exfuncionarios se encuentran al borde de un juicio por su presunta participación en un esquema de contratos y sobornos que buscaba garantizar apoyos políticos en el Congreso.
Detalles de la Acusación
Según la Fiscalía, Bonilla y Velasco están implicados en la organización de reuniones y en la impartición de directrices para redirigir proyectos de inversión tanto en el Instituto Nacional de Vías (Invías) como en la UNGRD. El objetivo, señala la acusación, era favorecer a congresistas a cambio de su respaldo a iniciativas gubernamentales en el Senado y la Cámara de Representantes. A pesar de estas imputaciones, los exministros han defendido su inocencia, argumentando que nunca dieron órdenes para desviar recursos públicos.
Situación Judicial de los Acusados
En la misma audiencia, los magistrados desestimaron la solicitud de los exministros de continuar el proceso en detención domiciliaria. Bonilla se encuentra en libertad debido a un retraso en la presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía, mientras que Velasco permanece en una guarnición militar, desde donde participa en las diligencias judiciales. La justicia ha subrayado que «el capital reputacional de los exministros justifica la urgencia de la medida de privación de libertad», debido al esquema de corrupción que se habría implementado durante su gestión.
Defensas de los Exministros
Durante la audiencia, ambos exministros reiteraron que no tenían la autoridad para ordenar gastos en las entidades implicadas. Bonilla, por ejemplo, argumentó que uno de los contratos en cuestión fue firmado en 2021, antes de su ingreso al gobierno de Petro. No obstante, el fiscal delegado clarificó que la acusación se basa en adiciones a dicho contrato que ocurrieron mientras Bonilla y Velasco ocupaban sus cargos ministeriales.
Luis Fernando Velasco continuó defendiendo su inocencia y cuestionó la validez de las pruebas presentadas por la Fiscalía. Afirmó que no se puede responder a insinuaciones sin pruebas concretas y que no se propone negociar con el ente acusador. Además, puso en tela de juicio la actuación de Olmedo López, exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo y testigo clave en el escándalo.
El Esquema de Corrupción
La Fiscalía busca demostrar que, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, Bonilla y Velasco redirigieron fondos de la UNGRD y de Invías hacia contratistas designados por ciertos congresistas, quienes a cambio habrían brindado su apoyo al Ejecutivo en el ámbito legislativo. La imputación menciona que este entramado propició 79 contratos por valor de 612.000 millones de pesos, alrededor de 200.000 dólares, aunque solo siete fueron adjudicados.
Un momento notable en la acusación fue un encuentro el 27 de febrero de 2024, conocido como el cónclave, que tuvo lugar en la Casa de Nariño. Según la Fiscalía, en esta reunión se planificó el esquema de corrupción, con la participación de altos funcionarios del Ejecutivo y miembros del Legislativo, bajo la dirección de Velasco, quien cuenta con una amplia experiencia en el Congreso.
Otros Implicados
Con la decisión de este jueves, son ya tres los antiguos miembros del Gobierno que enfrentarán juicio por este escándalo. La exconsejera presidencial Sandra Ortiz, vinculada al caso, se encuentra en prisión preventiva desde diciembre de 2024 por su supuesta función como intermediaria entre funcionarios de gobierno y los congresistas implicados. La Fiscalía ha calificado este entramado de corrupción como una “empresa criminal” liderada por Velasco y Bonilla.
