El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, busca establecer un enfoque militar en su administración desde el primer día. Recientemente, solicitó al Congreso de la República evaluar la posibilidad de trasladar la ceremonia de su posesión, programada para el 7 de agosto, a un cuartel fuera de Bogotá. En lugar del tradicional recinto del Legislativo, De la Espriella propone que los casi 300 congresistas se desplacen a Popayán, en el convulso departamento del Cauca, para su juramento, lo que marcaría un precedente significativo en la militarización del evento.
La decisión sobre esta propuesta quedará a cargo del nuevo Congreso, que se instalará el 20 de julio. Con una composición fragmentada y la incertidumbre acerca de las mayorías, el Congreso deberá elegir sus mesas directivas y distribuir a sus miembros en las diferentes comisiones. Estas elecciones, aunque muchas veces son técnicas y se enfocan en la gestión del poder, también sirven como un indicador del respaldo que tendrá el nuevo presidente en el Legislativo, un factor crucial para su gobernabilidad. Esta discusión se enmarca en un día festivo, que conmemora el inicio del movimiento de Independencia en Colombia.
Diego González, secretario general del Senado y uno de los destinatarios de la carta de De la Espriella, ha indicado que la propuesta de una ceremonia inédita tiene viabilidad jurídica. Según González, aunque la Constitución exige que el mandatario jure ante el Congreso, la Ley 5 de 1992 permite al Parlamento trasladar temporalmente su sede mediante un acuerdo entre cámaras y con la aprobación de una mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los votos de los congresistas presentes. Un posible voto favorable no solo demostraría el apoyo legislativo al nuevo presidente, sino que también delinearía el rumbo político del país, que está en transición entre un gobierno de izquierda y una nueva fuerza de derecha.
De la Espriella también busca que el Congreso aclare el quórum requerido para que la ceremonia en pleno sea válida. Desde su campaña, el nuevo Gobierno ha enfatizado que este acto es solemne y no requiere votaciones, lo que deja abierta la posibilidad de que no sea necesaria la presencia de todos los congresistas durante la posesión.
González ha comentado en una entrevista que se necesitaría un quórum decisorio, requerido para que la ceremonia se considere válida. Aunque parece un gran desafío logístico, ha aclarado que “el costo viene siendo el mismo”, ya que el Congreso cubre los pasajes de los senadores y representantes que viajan a Bogotá. Sin embargo, no detalló que para la fecha de la posesión todos estarán ya en la capital, donde comenzarán a sesionar el 20 de julio, ni que se debe cubrir el costo del regreso.
Con esta solicitud, De la Espriella busca ratificar su compromiso con las promesas de su campaña, que incluían operar desde una sede militar, en apoyo a las Fuerzas Militares. Este simbolismo es evidente también en su lema de campaña “Firmes por la patria” y en sus saludos militares.
Otros anuncios del nuevo Gobierno incluyen propuestas para fortalecer políticas militaristas, como la creación de bloques urbanos de seguridad. Esta idea ha generado tanto apoyo entre algunos alcaldes como críticas severas de la oposición, que la interpreta como un retorno al paramilitarismo. Además, su designado ministro de Defensa, el general Jorge Eduardo Mora, planea revivir el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), una unidad que ha sido criticada por su uso excesivo de la fuerza.
Al trasladar la ceremonia a un cuartel en una de las zonas más afectadas por el conflicto armado, De la Espriella subraya su intención de mover el centro del poder hacia regiones alejadas de Bogotá. Mientras sus reuniones de empalme con el Ejecutivo saliente se suspendían en medio de tensiones políticas, el abogado penalista inició una gira por los 32 departamentos, buscando establecer una comunicación directa con los mandatarios locales, un aspecto que ha prometido como parte de su estilo de gobernanza.
Abelardo de la Espriella, nacido en Bogotá y con raíces en el Caribe, ha prometido un modelo de administración menos centralista, con la intención de despachar desde diferentes regiones. También se especula sobre la posibilidad de establecer una sede alterna de Gobierno en Barranquilla, considerada la capital informal de la región Caribe, lo que probablemente abrirá otro debate legal y de seguridad.
