El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha marcado el inicio de su gestión con decisiones que afectan gravemente el Acuerdo de Paz de 2016. A través de videos en redes sociales, anunció el cierre inminente de varias oficinas cruciales para la implementación del acuerdo, poniendo en riesgo uno de los mayores proyectos de justicia transicional en la reciente historia del país. Este anuncio representa un desafío significativo para el proceso que busca lograr la paz tras décadas de conflicto armado.
De la Espriella ha manifestado su intención de desmontar la política de “paz total”, implementada por el expresidente Gustavo Petro, que buscaba negociar con múltiples grupos armados. Sin embargo, el primer golpe directo lo ha recibido la implementación del Acuerdo que permitió la desmovilización de 13,000 exguerrilleros de las FARC. El 13 de julio, en una transmisión en vivo, anunció la eliminación de 229 cargos en la Presidencia y la disolución de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, así como la Unidad de Implementación del Acuerdo Final.
El mandatario argumentó que este recorte en la administración pública generará un ahorro de aproximadamente 10,000 millones de pesos anuales (alrededor de 3.2 millones de dólares), que, según él, serán destinados a programas de beneficio para la población colombiana, aunque no proporcionó más detalles sobre estos planes.
Reacciones de expertos y líderes del Acuerdo
La comunidad que participó en la creación del Acuerdo de Paz ha reaccionado con preocupación. Humberto de la Calle, exsenador y jefe negociador durante el gobierno de Juan Manuel Santos, ha advertido sobre las graves implicaciones de estos cambios para la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Este organismo, encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, podría ver amenazada su existencia y funcionalidad, dado que De la Espriella ha propuesto reducir su presupuesto en un 90%. Actualmente, la JEP opera con un presupuesto anual de 739,000 millones de pesos, donde el 80% se destina a gastos operativos.
El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, ha solicitado una reunión con De la Espriella para discutir el impacto de estas propuestas en la justicia transicional. La reducción drástica del presupuesto afectaría tanto a las investigaciones en curso como a las sanciones restaurativas ya dictadas, dejando apenas 74,000 millones de pesos anuales para manejar casos clave contra exguerrilleros y militares.
Medidas fiscales y su impacto en la implementación del Acuerdo
Recientemente, Noticias Uno publicó un documento del equipo de De la Espriella que detalla su plan fiscal para reducir el presupuesto nacional en 20 billones de pesos, lo que incluye la eliminación o fusión de diversas entidades fundamentales para el Acuerdo de Paz, como la Unidad Nacional de Protección y la Agencia para la Reincorporación, entre otras. Todas estas instituciones desempeñan roles esenciales en la implementación del Acuerdo y el apoyo a las víctimas y excombatientes.
Germán Valencia, docente e investigador de la Universidad de Antioquia, ha señalado que estos recortes no eliminan las obligaciones legales de estas entidades, pero limitan su capacidad operativa. Esto podría resultar en demoras administrativas que afecten el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas del conflicto armado, así como la reintegración de excombatientes.
Implicaciones para las víctimas y el futuro del Acuerdo
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) también ha alertado sobre el hecho de que los intentos de eliminar o fusionar estas entidades no son meramente reformas administrativas. Estas decisiones podrían significar un abandono del Acuerdo de Paz, desprotegiendo a quienes están en riesgo y favoreciendo el crimen organizado. A pesar de que una reforma constitucional aprobada en 2017 obliga al Estado a respetar los compromisos pactados en La Habana hasta 2030, el nuevo gobierno parece tener otros planes.
A medida que se conmemoran diez años del Acuerdo, la Contraloría General de la República ha advertido que entre 2017 y 2026 se destinarán 138.11 billones de pesos para su implementación, apenas el 37% de lo que se considera necesario. Este panorama plantea interrogantes sobre el futuro del Acuerdo y su capacidad para cumplir con los compromisos asumidos por Colombia en pro de una paz durable.
