Una huelga de 72 horas lanzada este lunes por médicos y odontólogos ha profundizado la crisis en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), la mayor obra social de Argentina y de Latinoamérica, que cuenta con aproximadamente seis millones de afiliados. Esta crisis se ha intensificado tras los recortes presupuestarios en salud implementados por la administración de Javier Milei, que han llevado a PAMI a acumular una deuda con prestadores que ronda los 500.000 millones de pesos (alrededor de 370 millones de dólares).
Según Roberto Souto, secretario general de la Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (Appamia), los problemas salariales comenzaron a agudizarse durante las negociaciones paritarias de 2024. Los ingresos de médicos y odontólogos han quedado desactualizados en comparación con la inflación, afectando su capacidad de compra. Recientemente, una resolución que modificó el esquema de pagos ha llevado a un «estallido» entre los profesionales afectados.
Alrededor de 8.500 médicos y 3.200 odontólogos, quienes hasta ahora cobraban un monto fijo por cada paciente (independientemente de la cantidad de consultas), se ven impactados por la resolución 1107/2026. Esta normativa, que elevó el pago fijo por paciente de 946 a 2.100 pesos mensuales, también eliminó los pagos adicionales por consultas especiales, lo que, según el sindicato, significa una considerable reducción de ingresos.
“Lo que cobramos no alcanza para pagar el alquiler del consultorio, los servicios, la factura electrónica”, afirma Souto, médico cirujano con 54 años de experiencia en PAMI. La situación ha llevado a muchos médicos a complementar sus ingresos trabajando en hospitales o atendiendo a pacientes con cobertura privada, lo que impacta negativamente en el acceso a la salud de los adultos mayores que dependen de PAMI, quienes enfrentan mayores demoras en la atención.
Desde PAMI, se indicó que la reforma busca «ordenar» la situación financiera. Resaltaron que el aumento del pago fijo por paciente representa un incremento del 120%, que es el «máximo esfuerzo presupuestario» que la obra social puede realizar en este momento.
PAMI enfrenta problemas estructurales de larga data, como la alta cantidad de afiliados y el elevado gasto en medicamentos y prestaciones, dependiente del financiamiento estatal. Hasta la llegada de Milei al poder, la obra social mantenía una amplia cobertura, incluyendo medicamentos bonificados al 100%, una política que aliviaba la carga económica de muchos hogares. No obstante, la reducción de beneficios y el rezago en los haberes han convertido a los jubilados en un foco de resistencia contra el Gobierno, lo que se refleja en sus manifestaciones semanales frente al Congreso de la Nación, a menudo reprimidas por las fuerzas de seguridad.
Un aspecto crítico de esta crisis es la cuantiosa deuda acumulada por PAMI. A pesar de que la entidad no ha especificado la magnitud del problema, se estima que la deuda con prestadores —como clínicas, sanatorios y farmacias— asciende a 500.000 millones de pesos. Esto ha llevado a que los afiliados deban afrontar pagos complementarios o, en algunos casos, a la suspensión de prestaciones.
PAMI ha prometido saldar las deudas pendientes en los próximos días, aunque no se ha establecido un cronograma claro para ello. Mientras tanto, el Ministerio de Salud, que ha sufrido un recorte del 13,7% en su presupuesto anual, busca asistencia adicional de la caja de Economía, administrada por el ministro Luis Caputo.
La complicada situación del PAMI también se ve exacerbada por factores demográficos y socioeconómicos, como la disminución de aportes provenientes del trabajo formal —que ha ido en declive durante más de una década— frente al crecimiento de la población jubilada, cada vez más longeva. Esto genera una carga mayor para un número reducido de trabajadores que deben atender a un creciente grupo de jubilados.
