La crisis administrativa en la Aeronáutica Civil de Colombia se ha hecho evidente tras la publicación del informe de la Contraloría General de la República. Este órgano de control fiscal ha emitido una opinión negativa sobre los estados financieros de la entidad correspondientes a 2025, concluyendo que no reflejan de manera adecuada su situación económica y patrimonial. En su auditoría, la Contraloría también detectó serias deficiencias en la gestión contractual, así como en el control interno y la ejecución de proyectos clave para la infraestructura aeronáutica del país.
La Aeronáutica Civil, responsable de regular la aviación civil y administrar la red de aeropuertos públicos, enfrenta un momento crítico, acumulando más de ocho meses sin un director en propiedad y rodeada de acusaciones sobre irregularidades en la contratación pública. Recientemente, tuvo que revocar una licitación millonaria destinada a servicios de vigilancia en aeropuertos tras recibir severos cuestionamientos.
En su informe, la Contraloría estima inconsistencias contables que superan los 396.000 millones de pesos (aproximadamente 122 millones de dólares) y menciona que la ejecución presupuestal se situó en apenas un 50,47%. Esta situación llevó a la Contraloría a otorgar una “opinión negativa” sobre la contabilidad, un descenso respecto al año anterior cuando se emitieron observaciones “con salvedades”.
El documento revela que múltiples contratos presentan fallas desde su inicio. Carencias en estudios técnicos, plazos poco realistas y deficiencias en los diseños han provocado suspensiones de proyectos, ampliaciones de plazos y sobrecostos significativos para el Estado.
Proyectos en Entredicho
Uno de los casos más destacados es el contrato para la instalación de siete radares, crucial para la vigilancia del espacio aéreo colombiano, adjudicado en 2023 por 332.000 millones de pesos. La auditoría indica que, al vencerse el plazo, ninguno de los frentes de obra había sido completado.
Particularmente relevante es el radar destinado al aeropuerto El Dorado, el más transitado de América Latina. La Contraloría encontró que el avance era nulo debido a problemas de acceso al terreno. Sin embargo, la Aerocivil ha informado que estos obstáculos han sido superados, asegurando que las obras civiles avanzan un 68% y que los equipos están disponibles para instalación.
Deficiencias en Aeropuertos
Las críticas no se limitan a este caso. La auditoría también destaca problemas en varios aeropuertos. En San Andrés, se documentó un deterioro prematuro de la pista tras trabajos de mantenimiento, así como deficiencias en servicios como baños y sistemas de aire acondicionado. En Barranquilla, surgen cuestionamientos sobre pagos adicionales relacionados con filtraciones en la terminal. En Puerto Carreño, la Aerocivil intentó operar un nuevo aeropuerto sin certificar el estado de sistemas esenciales, incluyendo la red contra incendios.
Además, problemas con diseños obsoletos se han identificado en la modernización de la terminal de Barrancabermeja, en Santander. Las observaciones más alarmantes recaen sobre el programa de mejora de aeródromos regionales administrado por Enterritorio, que recibió un contrato de más de 380.000 millones de pesos. La Contraloría confirma irregularidades, incluyendo el desembolso de 103.000 millones de pesos por aeródromos donde no se realizó obra alguna en Chocó, Guainía y Nariño.
El informe también advierte sobre un posible detrimento patrimonial de 1.055 millones de pesos, así como la posibilidad de implicaciones penales debido a un pago adicional en la cuota de gerencia, contradiciendo la recomendación del área legal de la entidad. Adicionalmente, se señala la falta de sanciones contractuales ante los reiterados incumplimientos de Enterritorio y sus contratistas, verificados por los mecanismos de supervisión de la Aeronáutica Civil.
Este informe de la Contraloría añade presión a la ya cuestionada gestión de la Aeronáutica Civil, que atraviesa una prolongada interinidad en su dirección general.
