Catalina Giraldo tuvo la oportunidad de elegir los rituales que acompañaron su muerte. A las nueve y cinco de la mañana, en una habitación perfumada con lavanda y ambientada con música de Florence + The Machine, su banda favorita, estuvo rodeada de su madre, hermana y su perro Lulú mientras un profesional de la salud le practicaba la eutanasia. Sin embargo, Giraldo falleció con el pesar de no haber podido tomar una decisión crucial: cómo morir. Aunque la asistencia médica al suicidio fue despenalizada en 2022, su caso suscitó un intenso debate en la Corte Constitucional debido a los padecimientos psiquiátricos que justificaron su solicitud.
A lo largo de diez meses, Giraldo se enfrentó a numerosos obstáculos en su lucha por acceder a un procedimiento que percibía como su última opción. Diagnosticada con trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado, pidió la posibilidad de morir con dignidad tras someterse a variados tratamientos: cuarenta esquemas farmacológicos, ciclos de terapia electroconvulsiva, una docena de hospitalizaciones y terapias con ketamina. A pesar de todos estos esfuerzos, el sufrimiento se volvió insoportable y, durante una década, su vida estuvo marcada por insomnio, pesadillas y una serie de intentos de suicidio.
Los trámites burocráticos se convirtieron en una carga insostenible. “La EPS Sanitas le sometió a tratos crueles, inhumanos y degradantes», asegura Lucas Correa, director del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, quien actuó como apoderado de Giraldo. La solicitud de asistencia médica al suicidio fue presentada el 12 de mayo, pero no recibió respuesta en el plazo estipulado de diez días. “Tomamos todas las precauciones para que Catalina no enfrentara otra negativa, y aun así no hubo respuesta”, añade Correa.
Ante esta situación, se interpuso una nueva acción de tutela. El juez ordenó a la EPS responder, pero la respuesta fue revictimizante, indicando falsamente que Giraldo no había asistido a las citas médicas. Poco tiempo después, y sin una valoración adecuada, la notificaron que el procedimiento había sido autorizado. Correa describió este giro como una «venganza» por la lucha que había emprendido por su derecho a una muerte digna. Finalmente, el 9 de julio, Giraldo pudo fallecer en la Clínica Colombia, ubicada en el occidente de Bogotá.
La pelea judicial
“Voy a fallecer en las próximas horas, pero este proceso no se detiene conmigo», afirmó Giraldo en su última entrevista con Noticias Caracol. A sus 31 años, esta psicóloga afirmó que su batalla legal representaba más que su caso individual: era una reivindicación por el derecho a la salud mental. “Muchas personas necesitan una muerte acompañada, no ese suicidio violento que afecta a ellos y a sus familias”, explicó. En una carta dirigida a la Corte, describió su riesgo suicida como constante, lo que limitaba su autonomía y la mantenía bajo supervisor permanente de su madre y hermana.
Giraldo presentó una acción de tutela tras la negativa de la EPS a su solicitud. La Corte Constitucional decidió revisar su caso en mayo pasado, pero ella eligió no esperar una decisión dada la complejidad de su estado. “Intenté tolerar el mayor tiempo posible”, dijo, pero una nueva hospitalización la llevó a pedir la eutanasia. “No siento que me rendía, sino que entrego la responsabilidad a otros”, afirmó.
Después de su muerte, la Corte debe pronunciarse sobre si es procedente dictar una resolución respecto a su solicitud. Según el constitucionalista Diego González Medina, el fallecimiento de Giraldo obliga a examinar si existieron violaciones a sus derechos. Además, la Corte deberá analizar si la falta de reglamentación y acceso a la asistencia médica al suicidio afectó su derecho a morir dignamente.
La doctora en Bioética y Biojurídica Diana Rocío Bernal subraya que el caso plantea tres debates importantes, incluidos la necesidad de actualizar la regulación de la eutanasia y la creación de protocolos médicos que faciliten la asistencia en estos casos. También enfatiza que el Congreso debe regular la muerte digna para garantizar el acceso a este derecho.
“Temo que mi caso se pierda entre cifras y expedientes”, escribía Giraldo en su carta a la Corte. “No dejen que me muera de forma insegura y desprotegida”. Finalmente, encontró la muerte en un ambiente cálido, rodeada de su familia, volviendo a la letra melancólica de Long and Lost. Así, el foco queda ahora en la Corte, que deberá determinar si las futuras generaciones podrán elegir, a diferencia de Giraldo, la forma en que desean morir.
