María Clorinda Ortega, de 67 años, comenzó a trabajar a una edad temprana. A los 11 años, fue enviada por sus padres a vivir en un gran chalet de una familia adinerada en Luján, una localidad ubicada a 60 kilómetros de Buenos Aires. Desde entonces, ha desarrollado sus habilidades en el quehacer doméstico, una ocupación que aún mantiene hoy en día.
A pesar de contar con una jubilación, María no puede permitirse el lujo de descansar. Para cubrir sus gastos mínimos, trabaja limpiando y cocinando en tres hogares diferentes. «Con la jubilación pago solo los servicios; el resto es para poder comer, a veces comprarme algo de ropa o un calzado, y pagar la medicación y las consultas al médico que no están cubiertas por la obra social», explica.
Aunque tiene diez nietos y cuatro hijos que ocasionalmente la ayudan, es consciente de que todos ellos también enfrentan dificultades económicas. “Mis cuatro hijos trabajan, al igual que todas mis nueras, pero tampoco llegan a fin de mes”, señala María.
Este retrato de la realidad económica de María Clorinda Ortega refleja una situación común en muchos hogares argentinos, donde el esfuerzo diario de quienes se dedican al trabajo doméstico es parte fundamental de la supervivencia. Sin embargo, el acceso a prestaciones sociales adecuadas sigue siendo un desafío.
En este contexto, la vida laboral de personas mayores se convierte en una necesidad, lo que plantea interrogantes sobre el bienestar de los jubilados y la estructura del sistema de pensiones en Argentina.
