Colombia ante un nuevo desafío: La herencia de Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, toma posesión de un país marcado por la violencia. Con al menos ocho focos de conflicto activos, su promesa de restablecer la seguridad en tan solo 90 días se presenta como un fuerte desafío. Esto se agrava si se considera que el país cuenta con cinco grupos ilegales compuestos por más de 27,000 integrantes, además de nueve mesas de negociación en suspenso y un aumento en los cultivos de coca.
Desglose de la violencia en Colombia
El mapa de violencia que hereda De la Espriella incluye diversos actores y disputas tanto antiguas como recientes. En Catatumbo, las disidencias de las extintas FARC, agrupadas en el Estado Mayor de Blokes y Frentes (EMBF), se enfrentan al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa en América. Esta confrontación creó la crisis humanitaria más grave el año pasado. En el Nordeste antioqueño, dos frentes disidentes combaten contra el Clan del Golfo, el grupo más grande del país. Además, el Clan se enfrenta a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en la región del Caribe y al ELN en el Cauca.
Cuatro nuevos escenarios de violencia emergen: en Guaviare, una guerra sangrienta entre facciones disidentes; en el sur del Chocó, el EMC avanza para desafiar al ELN; en Arauca, choques entre el EMC y otras disidencias; y en el sur de Bolívar, el Clan del Golfo y el ELN disputan territorios.
La estrategia de gobernabilidad de De la Espriella
Frente a esta complicada situación, De la Espriella ha propuesto lo que él denomina una pax romana, que implica recuperar el control territorial a través de bombardeos, fumigación de cultivos ilícitos y el aumento de la fuerza pública, sin buscar negociaciones con los grupos armados. Su modelo se inspira en la estrategia de Nayib Bukele en El Salvador y busca establecer alianzas con Estados Unidos e Israel para financiar esta ofensiva.
Sin embargo, el panorama que enfrentará no es el mismo de hace una década, cuando los grupos armados se sustentaban mayoritariamente en la coca y la cocaína. Actualmente, estas organizaciones también dependen de la minería ilegal, la extorsión y el control de economías locales. Los grupos, al estilo de bandas criminales, han desarrollado un modelo de operaciones que incluye subcontrataciones y franquicias.
Interrogantes sobre el enfoque militar y las negociaciones
La Fundación Conflict Responses advierte que un aumento en los combates no necesariamente frena el crecimiento de los grupos armados. Según sus análisis, estos grupos no solo tienen funciones militares; también regulan disputas y ofrecen servicios en áreas donde el Estado es intermitente. Un despliegue militar que no reemplace estos servicios podría generar solo éxitos temporales seguidos de un eventual reacomodo.
La situación se complica al considerar el futuro de las nueve mesas de negociación establecidas bajo el gobierno de Gustavo Petro. Algunos procesos, como los acuerdos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, han avanzado, pero De la Espriella ha dejado claro que no buscará mantener estas negociaciones, planteando a los grupos un dilema: someterse a la justicia o enfrentar represalias.
Narcotráfico y su impacto en la seguridad
La situación del narcotráfico también es preocupante. Recientemente, la ONU señaló que Colombia cerró 2024 con 261,000 hectáreas de coca, un récord histórico. De la Espriella ha propuesto fumigar al menos 330,000 hectáreas y erradicar cultivos manualmente. Sin embargo, estudios señalan que erradicar cultivos sin ofrecer alternativas económicas a los campesinos solo resulta en logros temporales.
Por otro lado, el respaldo de Washington, incluyendo la posibilidad de una renovada cooperación militar, se presenta como un activo político para el presidente electo. Sin embargo, enfrenta el desafío de una fuerza pública poco preparada para hacer frente a la tecnología incautada en conflictos, como los drones explosivos que se han vuelto más comunes.
El impacto humanitario del conflicto
El reto más significativo puede no ser militar, sino humanitario. En 2025, más de 107,000 personas fueron desplazadas a causa de los conflictos en Colombia, que actualmente presenta una de las cifras más altas de desplazamiento interno en el mundo. Un enfoque militar que excluya la negociación no reduce la vulnerabilidad de la población civil, que continúa siendo la principal víctima del conflicto.
