Las elecciones presidenciales en Colombia se han visto marcadas por un creciente clima de miedo ante el crimen y la violencia política, un tema que ha cobrado relevancia desde el asesinato del precandidato opositor, Miguel Uribe Urbay, en 2022. Este año, tanto el expresidente Álvaro Uribe como el actual presidente Gustavo Petro han expresado preocupaciones sobre la seguridad de sus respectivos candidatos en medio de señalamientos de posibles atentados.
Gustavo Petro ha compartido en redes sociales que la CIA posee «datos reales y concretos» sobre una amenaza dirigida al candidato Iván Cepeda. Por su parte, Uribe ha manifestado que ha recibido información de «interlocutores del ELN» sobre un intento de magnicidio contra Paloma Valencia. Ambas declaraciones se realizaron el mismo día y a través de la misma plataforma, X, antes de que los candidatos abordaran el asunto. Cepeda, en respuesta, pidió a las autoridades investigar la denuncia, mientras que el equipo de Valencia reaccionó indicando que la información sobre el presunto ataque a su candidata se dio a conocer recientemente.
La inseguridad no es un fenómeno nuevo en el panorama electoral colombiano. El último informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) reveló que varios candidatos y precandidatos habían recibido amenazas de muerte en los meses previos a las elecciones legislativas de marzo. Uno de ellos, el exministro Mauricio Lizcano, recibió una corona fúnebre en su sede de campaña en Manizales. Diego Rubiano, coordinador del observatorio político de la MOE, indicó que han elevado estas amenazas a las autoridades competentes, aunque no han podido hacer seguimiento a los autores.
Armando Benedetti, ministro del Interior y cabeza de la Comisión de Seguimiento Electoral, informó que los candidatos con posibilidades electorales cuentan con más de 30 hombres dedicados a su seguridad. Asimismo, se anunció que agentes de la fuerza pública velarán por la seguridad de las sedes de campaña, las cuales han sido blanco de vandalismo en ocasiones anteriores. A pesar de que Benedetti aseguró que no existen zonas en Colombia donde se prohíba la campaña electoral, es común ver a los candidatos rodeados por escoltas y dando discursos tras vidrios de seguridad.
Luis Trejos, profesor de Ciencia Política en la Universidad del Norte, ha señalado que la forma en que Petro y Uribe han hecho sus denuncias genera suspicacias. Ambos líderes han optado por compartir sus acusaciones en redes sociales en lugar de acudir a la Fiscalía, lo que refleja una desinstitucionalización. Trejos sugiere que este enfoque busca apelar a las emociones del electorado, enfatizando el papel de víctima que asumen sus candidatos.
Los miedos por el crimen no solo afectan a los políticos; también influyen en los votantes. Recientemente, Valencia y el ultra Abelardo de la Espriella denunciaron amenazas en redes sociales, algo que refuerza su mensaje sobre una crisis de seguridad. A pesar de que algunos ministros manifestaron solidaridad con ellos y anunciaron medidas de protección, la reacción del presidente Petro fue escasa, a pesar de ser consciente de su propia amenaza. Este enfoque también apela a la atención del gobierno de Estados Unidos, que ha expresado preocupación por la seguridad de todos los candidatos.
La influencia de grupos armados en el proceso electoral no es un fenómeno aislado. Historias de coerción política han sido recurrentes, como lo evidencian las elecciones de 2002 cuando los paramilitares ejercieron su influencia. Trejos menciona casos recientes en los que grupos armados, como el ELN y disidencias de las FARC, han requerido a candidatos o votantes que apoyen ciertas propuestas en diversas regiones. Estos eventos suelen tener poco eco en la opinión pública nacional, pero generan inquietud sobre la seguridad de los líderes políticos.
Álvaro Uribe ha acusado al ELN de apoyar al candidato de la izquierda, Iván Cepeda, afirmando que buscan imponerlo como presidente. Este tema es especialmente delicado para Cepeda, quien fue negociador en los fallidos diálogos de paz con esta guerrilla. Además, el partido Centro Democrático de Uribe ha remarcado resultados favorables para Petro en 126 municipios considerados de riesgo extremo por la MOE.
Rubiano, de la MOE, ha indicado que no cuentan con evidencia que confirme el supuesto apoyo de grupos armados a Cepeda. Precisó que advertencias sobre riesgos no siempre se materializan y que el hecho de que existan amenazas no implica que se esté materializando un constreñimiento real.
En medio de este intercambio de acusaciones, el oficialismo se encuentra en una posición complicada. La seguridad se ha convertido en un eje central del debate político, y el gobierno actual es visto como responsable de garantizarla. La coincidencia en las denuncias por parte de Uribe y Petro indica un cambio en la agenda hacia temas de seguridad, un terreno donde la oposición se siente en ventaja y que afecta gravemente la percepción del gobierno.
