Todos los grupos nacionalistas menos Junts impulsan en el Congreso una ley para garantizar la relación con la Administración central en cualquier lengua cooficial
Este miércoles, todos los grupos nacionalistas, excepto Junts, han presentado en el Congreso la Proposición de Ley Orgánica de Garantía del Plurilingüismo y de los Derechos Lingüísticos de la Ciudadanía. La iniciativa, respaldada por ERC, EH Bildu, EAJ-PNV, BNG, Compromís, Comunes y Més per Mallorca, busca corregir el “desequilibrio histórico” que ha privilegiado al castellano en las instituciones del Estado.
La propuesta tiene como objetivo principal asegurar que cualquier ciudadano pueda comunicarse con el poder judicial, las instituciones constitucionales y la Administración General del Estado en cualquiera de las lenguas oficiales, garantizando así la plena validez jurídica. Para lograrlo, se introducen obligaciones de capacitación lingüística en la justicia, la función pública y la contratación, además de proporcionar herramientas que aseguren el respeto al derecho de opción lingüística.
Francesc-Marc Álvaro, diputado de ERC, se refirió a la ausencia de Junts, instando a sus miembros a reconsiderar su decisión: “Ellos deberán explicar los motivos por los que han decidido autoexcluirse, espero que se lo repiensen”.
Los partidos firmantes subrayan que, a pesar del reconocimiento constitucional de la diversidad lingüística, el mandato del artículo 3.3 “sigue sin desplegarse de forma efectiva”, y persisten normas y prácticas que penalizan la doble oficialidad.
Ejes de la reforma
Entre las principales medidas de la reforma se incluyen requisitos en la Administración de Justicia, como el conocimiento de la lengua propia para acceder a plazas en comunidades donde se hable una lengua oficial diferente al castellano. La validez de documentos judiciales sin necesidad de traducción completa también es contemplada. Además, se prevé la adaptación de procedimientos administrativos y plataformas digitales a todas las lenguas oficiales.
La iniciativa establece criterios lingüísticos transversales en la contratación pública y regula sectores como el consumo, la seguridad, el transporte y la comunicación audiovisual, fomentando de manera significativa el uso de lenguas distintas al castellano.
Impacto en el ámbito educativo
La ley también aborda el ámbito educativo, estableciendo que la lengua propia de cada comunidad autónoma será la lengua vehicular en la enseñanza. Esto tiene como finalidad garantizar que el alumnado adquiera un dominio tanto de su lengua propia como del castellano al finalizar su educación básica. Según los proponentes, esta medida promueve la igualdad de oportunidades y asegura una competencia lingüística equilibrada en todo el territorio.
Los grupos que apoyan esta propuesta destacan que esta legislación “supone un salto cualitativo en la protección del patrimonio lingüístico y en la garantía de derechos”, transformando el reconocimiento de la diversidad lingüística en un plurilingüismo “efectivo, operativo y plenamente respetuoso” con la realidad del Estado.
