La guerra contra el crimen organizado en Ecuador ha propiciado una colaboración sin precedentes con Estados Unidos. Desde la asunción de Daniel Noboa a la presidencia, ambos países han firmado 67 compromisos bilaterales, el doble de los acuerdos establecidos en los dos administraciones anteriores, según el Observatorio Ecuatoriano de Conflictos. La seguridad se ha convertido en el eje central de esta relación, especialmente tras la declaración de conflicto armado interno en enero de 2024 y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Sin embargo, esta alianza, considerada vital para combatir el narcotráfico, enfrenta un examen riguroso a raíz de un informe de Human Rights Watch (HRW) que cuestiona la participación estadounidense en ataques en la Amazonía ecuatoriana y en incidentes contra embarcaciones pesqueras en el Pacífico.
El polémico informe titulado Una alianza peligrosa: abusos, preguntas sin respuesta y la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador, documenta operaciones militares en las que se identifican violaciones de derechos humanos y se critica la falta de transparencia y rendición de cuentas de la cooperación en seguridad entre ambas naciones.
Incidentes en San Martín y el Pacífico
El documento de HRW detalla cuatro incidentes, comenzando con un ataque en San Martín, un pequeño asentamiento rural en la provincia de Sucumbíos, en la frontera con Colombia. Este lugar, donde 27 familias dependen de la agricultura, fue bombardeado por soldados ecuatorianos entre el 1 y el 6 de marzo de 2026. El gobierno ecuatoriano presentó la operación como un éxito, apoyada por un breve video de un helicóptero y una explosión, alegando que se trataba de un centro de descanso y entrenamiento de narcotraficantes de la organización Comandos de la Frontera.
Sin embargo, testimonios de trabajadores de la finca afectada revelaron otra realidad: cuatro de ellos denunciaron haber sido detenidos y torturados en el Batallón de Selva 56, donde relataron abusos, incluidas descargas eléctricas y amenazas con armas. Los hombres fueron liberados sin que se presentaran cargos en su contra. El gobierno argumentó que una fiscal se negó a proceder con cargos por temor, aunque ella le transmitió a HRW que la información y pruebas presentadas por los militares no eran suficientes para acusar a los trabajadores, quienes no tenían historial delictivo.
HRW concluyó que ni la finca ni sus trabajadores tenían lazos con Comandos de la Frontera ni con otras redes criminales. Según Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, la alianza entre Ecuador y Estados Unidos no ha resultado en una mayor seguridad para los ecuatorianos, destacando que los recursos de ambos gobiernos han sido utilizados de manera cuestionable.
Presiones políticas y falta de seguimiento
La oposición ha instado a los legisladores del gobierno, que mantienen la mayoría, a iniciar una investigación sobre el ataque en San Martín. Mariana Yumbay Yallico, asambleísta del partido Pachakutik y miembro de la Comisión de Seguridad, indicó que aunque se inició un proceso de fiscalización, actualmente está estancado. La falta de seguimiento por parte del oficialismo ha limitado este y otros casos, lo que genera tensiones en la Asamblea.
En otros incidentes, las embarcaciones pesqueras Fiorella, Negra Francisca Duarte II y Don Maca, que zarparon de puertos en Manabí, fueron atacadas entre enero y marzo de 2026. Testimonios de sobrevivientes aseguran que sus barcos fueron seguidos por un barco identificado con bandera estadounidense y atacados por explosivos lanzados desde drones. HRW recopiló evidencia que sugiere que las lesiones de al menos cuatro pescadores eran compatibles con ataques de este tipo.
Inquietudes sobre la cooperación militar
El informe también aborda el posible papel de empresas de seguridad privadas en las operaciones navales, como Vectus Global, relacionada con Erik Prince, fundador de Blackwater. En marzo de 2025, Noboa y Prince se reunieron para discutir una «alianza estratégica» para combatir el narcotráfico y la pesca ilegal. Sin embargo, Prince declaró a HRW que su empresa no tuvo participación en los incidentes mencionados y que la alianza no se concretó tras las elecciones en las que Noboa ganó.
La relación entre Ecuador y Estados Unidos plantea múltiples interrogantes sobre el rol de Estados Unidos en estas operaciones, los límites de la cooperación y la supervisión de las fuerzas extranjeras en el combate al crimen organizado en Ecuador. El Plan Nacional de Seguridad, recientemente publicado por el gobierno de Noboa, enfatiza la cooperación internacional, aunque carece de detalles sobre supervisión y rendición de cuentas, en un contexto donde los homicidios continúan en niveles alarmantes y las quejas por violaciones de derechos humanos siguen en aumento.
