Acusación Constitucional Contra Nicolás Grau: El Contexto Político en Chile
El Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano, que representan las facciones más extremas de la derecha chilena, han interpuesto una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Este economista del Frente Amplio ocupó el cargo durante los últimos siete meses del Gobierno de Gabriel Boric, tras su ascenso en agosto de 2025 en reemplazo de Mario Marcel, socialista. La acusación se presentó en la Cámara de Diputadas y Diputados con urgencia, al estar cerca de vencer el plazo legal de tres meses para tales acciones, que expiraba este jueves. Si se aprueba en el Congreso, Grau quedaría inhabilitado para ocupar cargos públicos durante cinco años.
Origen de la Acusación
La acusación surge después de que el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentara el Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al primer trimestre de 2026. Quiroz denunció “inconsistencias” en las proyecciones financieras heredadas de la administración de Boric, destacando una discrepancia superior a 10.500 millones de dólares en la proyección de deuda pública para el periodo 2026-2030 y un déficit estructural de 3,7% del PIB para el cierre de 2025, que excede en más de dos puntos la meta vigente del 1,6%. Ante esto, Quiroz ha señalado que se realizará una investigación interna para esclarecer las responsabilidades por estas discrepancias.
Defensa de Nicolás Grau
Grau, quien se había mantenido alejado del debate público tras la llegada de Kast a la presidencia, defendió su gestión asegurando que la proyección es “consistente” y carece de errores. En un documento dirigido al oficialismo, argumentó que la comparación directa entre déficit y deuda “simplifica excesivamente” una relación técnica más compleja. Según Grau, la diferencia no constituye por sí sola evidencia de un error administrativo.
Detalles de la Acusación
El libelo, que contiene más de 40 páginas, se basa en información técnica del IFP del cuarto trimestre de 2025 y su ajuste en 2026. La acusación incluye cuatro capítulos: el primero penaliza a Grau por infracción al principio de probidad; el segundo, por vulnerar el deber de coordinación en la gestión financiera del Estado; el tercero, por vulnerar el principio de universalidad presupuestaria y el cuarto, por incumplir el deber de coordinación entre el programa financiero a mediano plazo y los presupuestos anuales.
Reacciones del Gobierno y Partidos de la Derecha
El presidente José Antonio Kast ha defendido la legitimidad de la acusación constitucional, afirmando que no debe interferir en la tramitación de la megarreforma económica que su Gobierno ha denominado proyecto de Reconstrucción Nacional. Kast enfatizó la necesidad de evaluar la reforma económica por sus propios méritos y expresó su deseo de que los diputados presenten información sobre la gestión fiscal anterior.
A pesar del respaldo del PNL y el Partido Republicano, la iniciativa no goza de consenso total dentro de la derecha tradicional. Tanto Renovación Nacional (RN) como la Unión Demócrata Independiente (UDI) han criticado la premura de la acusación, sugiriendo que se puedan crear obstáculos en el diálogo legislativo en un momento clave para la negociación de la reforma. Además, la bancada de la UDI consideró “prepotente” el emplazamiento del diputado republicano Agustín Romero hacia la coalición de Chile Vamos para sumarse a la acusación.
Reacciones de Exministros de Hacienda
La acusación ha generado también reacciones entre exministros de Hacienda de administraciones pasadas como Manuel Marfán, Nicolás Eyzaguirre, Andrés Velasco y Mario Marcel. Estos expresaron su preocupación por la posibilidad de que esta acción dañe la institucionalidad económica del país y subrayaron que no es inusual encontrar diferencias en proyecciones fiscales entre gobiernos. Argumentaron que llevar a cabo una acusación de este tipo podría abrir un precedente perjudicial para la democracia en Chile.
