El presidente chileno José Antonio Kast ha iniciado un plan para reducir el gasto público que ha generado controversia desde su implementación. Recientemente, un informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres) propuso “descontinuar” varios programas estatales, incluyendo el Programa de Alimentación Escolar, sin ofrecer alternativas inmediatas. Esta situación obligó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a aclarar que la eliminación de estos beneficios no estaba en discusión. La controversia aumentó con la renuncia de Rafael Araos, subsecretario de Ciencia, quien dejó su cargo junto a otros tres funcionarios en desacuerdo con la intención de la ministra Ximena Lincolao de despedir a 48 trabajadores de su cartera.
Expertos en economía advierten sobre la posible repercusión de estas medidas en el sector público. Mario Marcel, exministro de Hacienda del Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026), comentó en T13 Radio que la desaceleración de los ingresos fiscales se debe no solo a un menor dinamismo económico, sino también a un bajo rendimiento del impuesto sobre la renta. Marcel sugirió considerar propuestas del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) para rectificar desajustes, enfatizando que el debate actual no se centra en mejorar la eficiencia del Estado, sino en reducir su tamaño.
El Debate sobre el Tamaño del Estado en Chile
La discusión sobre la reducción del aparato estatal ha cobrado fuerza en la campaña presidencial de 2025. El candidato Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, aboga por reducir de 25 a 9 las carteras ministeriales y eliminar algunas de las 39 subsecretarías existentes. Aunque Kast ha tomado distancia de estas propuestas drásticas, ha optado por crear cargos de biministros y triministros, argumentando que la eliminación de un ministerio requiere un proceso legislativo que podría ser prolongado.
Chile ocupa el tercer lugar en América Latina en términos de número de ministerios, por detrás de Venezuela y Brasil, según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Los ministerios de Educación, Salud y Trabajo son los que representan el mayor gasto, y muchos de sus programas están bajo revisión por parte de Hacienda.
Bajo su administración, Kast ha propuesto un ajuste de 6.000 millones de dólares en sus primeros 18 meses mientras persigue un proyecto de megarreforma fiscal. Este plan podría tener un impacto fiscal máximo del 0,71% del PIB en su cuarto año y está diseñado para favorecer el crecimiento económico a largo plazo.
Comparación con la OCDE
El tamaño del Estado chileno se mantiene por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Junto a Corea del Sur y Japón, Chile tiene la menor proporción de empleo público en la OCDE, representando solo el 8,5% de la fuerza laboral, en comparación con una mediana del 18% entre los países miembros. El gasto gubernamental equivalente al 24,3% del PIB para 2025 también queda corto en comparación con el promedio del 42,6% de la OCDE.
Sin embargo, el personal del Gobierno central ha aumentado en un 94,7% desde 2014, alcanzando los 535.820 cargos efectivos. Esto ha generado preocupación en un entorno fiscal donde el déficit estructural se estima en un 3,55% del PIB.
Hasta ahora, Kast no ha eliminado ministerios, aunque ha designado a un biministro en Economía y Minería, Daniel Mas. A pesar de sus esfuerzos por reducir el tamaño del Estado, su historial muestra apoyo previo a planes de austeridad durante la pandemia para promover un gobierno más eficiente.
Análisis de la Eficiencia del Gasto Público
Expertos como Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, sostienen que el problema radica más en la velocidad del crecimiento del gasto público que en su tamaño actual. Este crecimiento desmedido ha provocado un aumento del endeudamiento y una disminución de los activos del Tesoro Público. La lógica económica sugiere que gastar más de lo que se ingresa lleva a un riesgo elevado de deuda.
Gonzalo Valdés, subdirector del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, puntualiza que una reducción en el tamaño del sector público no necesariamente conlleva mayor eficiencia. La efectividad derivará de los objetivos planteados y de la gestión adecuada de los recursos públicos.
A pesar de las diferencias ideológicas, existe consenso en la política chilena sobre la necesidad de una gestión pública más eficiente y transparente. Un reciente informe de la Contraloría General detectó irregularidades que llevaron a un costo significativo para el fisco, así como el mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos. Además, en septiembre, un grupo de expertos entregó a la administración anterior un informe con 34 recomendaciones para la optimización del gasto público, abarcando diversas áreas como educación superior y control presupuestario.
