El Gobierno de Estados Unidos ha intensificado su lucha contra el crimen organizado en México, llevando la confrontación a un nuevo nivel al acusar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y a un senador del partido oficialista Morena, así como a otros ocho funcionarios, de colusión con el Cartel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada.
La denuncia, hecha pública por el Departamento de Justicia y la DEA, presiona considerablemente a la administración de Claudia Sheinbaum, quien deberá aclarar por qué las actividades ilícitas de Rocha, miembro de Morena, no fueron detectadas por su gobierno. La Cancillería mexicana ha admitido que han recibido solicitudes de captura y extradición de los acusados, aunque han señalado que las pruebas presentadas hasta ahora no son suficientes.
Investigación y acusaciones
El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, ha iniciado una investigación sobre un grupo de funcionarios que supuestamente conspiraron con líderes del Cartel de Sinaloa para importar grandes cantidades de drogas a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. Esta acción se considera uno de los golpes más fuertes de Washington contra políticos mexicanos desde el arresto del exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, quien fue liberado debido a presiones del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Los documentos de la investigación detallan la colaboración entre el gobernador Rocha y el grupo conocido como «Los Chapitos», los hijos de El Chapo, para facilitar el tráfico de drogas en Sinaloa. Aunque a Rocha no se le atribuyen sobornos directos, se menciona que llegó al cargo con su apoyo y que ha protegido sus operaciones criminales desde la gubernatura.
Impacto en la cooperación bilateral
La acusación estadounidense llega en un momento crítico para la cooperación entre ambos países, especialmente tras el descubrimiento de la presencia de agentes de la CIA en México, algo estrictamente prohibido por la legislación mexicana. Esto provocó un extrañamiento diplomático, con México exigiendo explicaciones.
Recientemente, el embajador estadounidense Ronald Johnson visitó Sinaloa y criticó abiertamente al Gobierno mexicano por su inacción ante la corrupción, una visita que precedió a las acusaciones que ahora impactan a funcionarios del estado.
La lista de presuntos narcopolíticos
Desde hace meses, rumores en los círculos políticos mexicanos sugieren que Estados Unidos tiene una «lista» de presuntos narcopolíticos. Esto se ha visto respaldado por acciones como la cancelación de visas a varios funcionarios, incluido el gobernador Rocha. A su vez, se reveló que Rocha también había perdido su visa como parte de esta ofensiva contra la corrupción.
Las sospechas sobre Rocha no son nuevas, y la acusación de Estados Unidos parece confirmar inquietudes ya existentes. En 2024, El Mayo Zambada fue aprehendido en circunstancias cuestionables, alegando que fue víctima de una trampa por parte de «Los Chapitos». Esta traición desató una violenta guerra interna en Sinaloa, que ha resultado en numerosas muertes y desapariciones. Rocha ha desmentido su implicación en el caso, señalando que forma parte de una campaña política contra su partido.
Declaraciones del fiscal estadounidense
El fiscal Clayton afirmó que «el Cartel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado Estados Unidos con drogas peligrosas durante décadas». Afirmó que sin la complicidad de funcionarios corruptos, estas organizaciones no podrían operar con tanta impunidad. Además, la embajada de Estados Unidos en México reiteró su compromiso de investigar y perseguir la corrupción que facilita el crimen organizado.
Además de Rocha, el Gobierno estadounidense busca a otros funcionarios implicados, incluidos el exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega; el fiscal adjunto de la Fiscalía estatal, Dámaso Castro Saavedra; y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Se ha alegado que estos funcionarios han recibido sobornos para llevar a cabo actividades ilícitas.
El Cartel de Sinaloa está designado como una de las organizaciones terroristas por Estados Unidos, junto a otros grupos criminales de la región, lo que subraya la seriedad de la amenaza que representan y la determinación del Gobierno estadounidense para desarticular sus operaciones.
