Nuevo memorando del Departamento de Seguridad Nacional afecta a refugiados en EE. UU.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha emitido un memorando que instruye a los agentes federales de inmigración a arrestar a los refugiados que aún no han obtenido su tarjeta verde, denominadas green card, y detenerlos indefinidamente para revisar sus casos. Esta nueva directiva representa un cambio radical en las políticas existentes y un golpe significativo a la migración legal en el país.
Impacto en los refugiados
La legislación estadounidense establece que los refugiados deben solicitar un cambio de estatus durante el primer año de su llegada al país. Sin embargo, el incumplimiento de esta normativa no justificaba la detención previa. Decenas de miles de refugiados que llegaron a EE. UU. buscando asilo debido a persecuciones en sus países de origen podrían verse en riesgo de deportación bajo esta nueva práctica.
El memorando, firmado por Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS), sostiene que es necesario reevaluar el estatus de los refugiados para identificar posibles riesgos a la seguridad nacional y prevenir fraudes, señalando la necesidad de “localizar, arrestar y poner bajo custodia al extranjero”.
Caso judicial en Minnesota
Este memorando se presenta en el contexto de una demanda interpuesta en enero por varias organizaciones en Minnesota. En la llamada Operación PARRIS, agentes del ICE realizaron detenciones de refugiados en diversas comunidades, llevando a varios de ellos a centros de detención en Texas. Los relatos de defensores de los derechos de los refugiados indican que muchos sufrieron interrogatorios sin acceso a abogados y fueron liberados sin identificación ni recursos.
Un juez de distrito en Minnesota, John Tunheim, emitió una orden de restricción temporal el 28 de enero, deteniendo las detenciones de refugiados hasta el 25 de febrero, y se espera que se celebre una audiencia para tratar el caso.
Condiciones de admisión de refugiados
Cuando un refugiado es admitido en EE. UU., su estatus es condicional y está sujeto a una revisión anual, según el memorando. Los refugiados detenidos pueden estar bajo custodia durante el proceso de evaluación. Sin embargo, la confusión en torno al proceso, así como barreras lingüísticas y problemas de comunicación, pueden complicar su solicitud de cambio de estatus.
Para ser admitidos, los refugiados deben demostrar haber sufrido persecuciones o temido serlo por motivos como raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado. Este camino está lleno de requerimientos, incluyendo un exhaustivo proceso de selección que puede extenderse por varios años.
Reacciones a la nueva directiva
Esta medida es parte de un enfoque más amplio contra la inmigración adoptado durante la administración del expresidente Donald Trump. Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente ha implementado restricciones severas, incluyendo la detención de refugiados y la cancelación de solicitudes ya aprobadas, dirigiendo su atención a grupos específicos, como los sudafricanos blancos que él argumenta enfrentan persecución en su país.
Según declaraciones de Laurie Ball Cooper, vicepresidenta de programas legales del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP), la nueva directiva busca despojar a los refugiados de su estatus legal y aumentar las deportaciones. Las organizaciones defensoras de refugiados han denunciado que el memorando fue redactado sin consulta previa a las entidades que atienden a estos grupos y que podría tener consecuencias severas para las comunidades afectadas.
El DHS argumenta que la revisión del estatus de refugiados admitidos recientemente refleja fallos en las políticas previas, citando ejemplos de preocupaciones de seguridad no tratadas en aproximadamente el 10% de los casos evaluados. Este enfoque ha generado alarma entre las organizaciones que defienden los derechos de los refugiados, quienes consideran que esta medida es un ataque directo a los valores y compromisos legales del país.
