Las autoridades colombianas han instado a la prudencia tras el accidente de un avión de la Fuerza Aérea, un C-130 Hércules, ocurrido la mañana del lunes en el sur del país. A bordo del avión se encontraban cerca de 128 personas, pero la falta de información clara sobre las víctimas y las causas del siniestro ha generado inquietud entre la población. El Ministerio de Defensa confirmó cerca de media noche que 66 personas habían fallecido, entre ellas 6 integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 58 del Ejército Nacional y 2 de la Policía Nacional. Las fuentes del ministerio indicaron que el estado de los cuerpos afectó la identificación.
El presidente Gustavo Petro expresó su dolor por las pérdidas a través de un mensaje en X, poco antes de que se diera a conocer el número total de fallecidos. Además, el Ministerio de Defensa informó que un soldado resultó ileso, mientras que 57 militares fueron rescatados y evacuados. Ocho de ellos fueron trasladados a Florencia y 49 a Bogotá; de estos, 19 están en el Hospital Militar Central y 30 están recibiendo atención en el Batallón de Sanidad Militar. Aún hay cuatro militares que no han sido localizados.
Pedro Sánchez, ministro de Defensa, enfatizó que «no son cifras, son vidas» en un mensaje grabado. Aunque ha evitado especulaciones sobre las causas del accidente, ha descartado algunas hipótesis. Sánchez aseguró que no hay evidencia de un ataque contra la aeronave, a pesar de que Puerto Leguizamo es una zona con presencia de grupos armados. Algunos videos disponibles en redes sociales que captaron sonidos de disparos resultaron ser munición de la tropa que detonó por el fuego, según su declaración. Afirmó que el avión se encontraba en condiciones de operación y que la tripulación estaba debidamente calificada. Prometió que la investigación sobre las causas del accidente será «rigorosa, transparente y rápida».
Los primeros en auxiliar a los pasajeros fueron los residentes de La Tagua, un corregimiento cercano a Puerto Leguizamo. Esta zona rural carece de carreteras pavimentadas, lo que obligó a los vecinos a organizarse en cadenas humanas para portar agua y evacuar a los heridos en motocicletas hacia el centro asistencial local, que es limitado en recursos y personal especializado.
El alcalde de Puerto Leguizamo afirmó que el municipio no estaba preparado para un incidente de esta magnitud, destacando que el dispensario naval y el hospital local no cuentan con las instalaciones necesarias para atender emergencias graves. En respuesta a la crisis, el Ministerio de Defensa envió aeronaves con camillas y médicos para trasladar a los heridos a ciudades más grandes, incluida Bogotá.
El presidente Petro ha elogiado la rápida respuesta de los campesinos en Puerto Leguizam, pero también ha señalado la ineficiencia de la burocracia estatal al no aprobar el documento CONPES, necesario para modernizar el equipamiento militar. Ha manifestado que «no daré más tiempos» y resaltó la importancia de la vida de los jóvenes en el ejército. Además, criticó a la oposición en el Congreso por no haber apoyado reformas tributarias que fortalecerían el presupuesto del Ministerio de Defensa.
En otra parte de sus declaraciones, Petro señaló que el avión había sido adquirido en 1983 durante el mandato del expresidente Iván Duque, a quien acusó de comprar «chatarra» en lugar de equipamiento adecuado. En sus publicaciones, exigió investigar al contratista responsable de la compra del avión y cuestionó la decisión de no adquirir una aeronave moderna.
La oposición ha reaccionado subrayando que se está poniendo en riesgo la vida de los soldados por la falta de mantenimiento adecuado de las aeronaves. La senadora Paloma Valencia y la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, han criticado al presidente por descuidar a las fuerzas militares y señalaron que su administración debería enfocarse en garantizar la seguridad de los efectivos y del país.
