La guerra entre las facciones del crimen organizado en Sinaloa, lideradas por los cárteles de Guzmán y Zambada, ha desencadenado una ola de desinformación sin precedentes en México. Este conflicto, que empezó hace más de un año, ha sido objeto de numerosas teorías de conspiración y rumores infundados que circulan en redes sociales y medios de comunicación, careciendo de bases sólidas. A un año de este estallido, resulta crucial examinar las lecciones sobre lo que se ha convertido en un conflicto interno significativo del Cártel de Sinaloa.
Crisis de inseguridad en Sinaloa
El escenario de violencia en Sinaloa es, sin duda, uno de los peores en la historia del estado. Este conflicto no se limita a una mera disputa entre “narcos”, sino que ha adquirido un carácter complejo y multifacético, con repercusiones sociales y económicas devastadoras. La respuesta del gobierno federal, caracterizada por una militarización de la seguridad, no ha logrado reducir de manera efectiva la violencia, que sigue afectando a la población.
La guerra más cruenta
La primera lección que resulta evidente es que la confrontación entre Guzmán y Zambada es la más violenta que ha presenciado Sinaloa. Entre el 9 de septiembre de 2024 y el 15 de octubre de 2025, se registraron más de 2,162 homicidios y 2,601 secuestros, de los cuales aproximadamente el 70% de los secuestrados permanece desaparecido. Además, 1,763 familias han sido desplazadas en zonas rurales como Culiacán y Badiraguato, y se han documentado asesinatos de policías y menores. La violencia se manifiesta diariamente a través de balaceras y hallazgos de cuerpos mutilados, dejados como mensajes intimidatorios entre las facciones en conflicto.
Una mafia en crisis
Esta no es simplemente una «narcoguerra» entre familias rivales, sino un enfrentamiento dentro de una mafia fragmentada que ha existido en lo que se ha denominado la «zona gris» de la criminalidad, donde convergen crimen organizado, sociedad y autoridades. Esta estructura criminal ha abarcado tráfico de drogas, extorsión, robo de vehículos y otros negocios ilícitos, incluyendo la trata de personas y el comercio de productos ilegales en establecimientos comerciales.
La política local ha estado igualmente marcada por esta violencia; figuras clave, como Héctor Melesio Cuén, han sufrido las consecuencias de estos conflictos. Él buscaba el respaldo del crimen organizado para mantener el control de los fondos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que actualmente atraviesa una crisis financiera seria.
Decomisos y cifras de violencia
La tercera lección es que, a pesar de las detenciones y decomisos de armas y drogas, la violencia no ha cesado. Con un promedio de 30 días de análisis, se ha observado un patrón constante de homicidios y desapariciones que se ha mantenido durante más de trece meses. Los aproximadamente 1,800 presuntos delincuentes capturados no han logrado disminuir de manera significativa la violencia, que ha incrementado cuatro veces con respecto a niveles previos a la guerra.
Este comportamiento genera preocupación, ya que indica que las estrategias actuales de las autoridades han tenido un impacto mínimo en la capacidad de las facciones para continuar operando. La experiencia previa con otros cárteles muestra que la violencia puede persistir incluso ante la acción gubernamental prolongada, sugiriendo que las organizaciones criminales cuentan con los recursos suficientes para mantenerse activas.
Reformas necesarias en la seguridad
Ante este panorama, se hace vital reconsiderar la estrategia de seguridad. Priorizar una inversión significativa en las policías locales y la fiscalía podría ser un paso necesario para reducir la criminalidad y mejorar la efectividad en la respuesta a esta crisis. Sin embargo, se debe tener presente que la construcción de instituciones de seguridad y justicia es un proceso que requiere tiempo y recursos.
Si bien Sinaloa enfrenta una de las crisis de violencia más severas de su historia, esta situación no se debe únicamente a un evento específico. La guerra entre Guzmán y Zambada es el resultado de circunstancias más complejas y duraderas, y un año después, la incapacidad del gobierno para manejar el conflicto se hace evidente.
