En Perú, la situación electoral ha cambiado radicalmente. Actualmente, basta con una intención de voto inferior al 10% para aspirar a la presidencia. Un humorista que imita a Michelle Bachelet, por ejemplo, figura entre los candidatos con casi un 9% de apoyo. Este escenario no es solo una curiosidad sino un claro indicativo de la fragmentación política que afecta al país. Cuando un sistema político se divide en exceso, la segunda vuelta electoral pierde su función de legitimación y se convierte en un método de selección entre un número creciente de candidaturas.
Las cifras en Perú reflejan esta tendencia. En 2001, era necesario obtener alrededor del 25% de los votos para clasificar al balotaje; en 2006, el umbral se fijó en 24%; en 2011 en 23%; en 2016 en 21%; y en 2021 bastó con apenas un 13%. Actualmente, con más de 30 candidatos en la contienda, las encuestas sugieren que el segundo lugar podría alcanzar la segunda vuelta con menos de 10% de respaldo. Este panorama sugiere que la segunda vuelta, originalmente diseñada para ordenar la competencia, se está desarrollando sobre bases cada vez más limitadas.
Con una lógica similar, la segunda vuelta fue implementada en Chile para abordar el dilema de legitimidad que surgió de la elección de 1970, donde un presidente fue elegido con poco más de un tercio de los votos en un sistema de tres tercios, permitiendo ganar sin mayoría. La idea del balotaje era simple: si ningún candidato logra la mayoría en la primera vuelta, al menos el vencedor final pueda reivindicar el apoyo del 50% más uno de los electores.
Sin embargo, esta premisa ya no se sostiene. El contexto político ha evolucionado, y hoy se observa un cambio de un esquema de tres bloques grandes a una fragmentación mayor, donde cada vez ofrece un escenario de quintos, sextos o séptimos candidatos en vez de dos coaliciones amplias.
En Chile, aunque no alcanza el nivel de fragmentación de Perú, se están viendo tendencias similares. La caída en los porcentajes de votos en primera vuelta entre los presidentes electos es notable. Lagos obtuvo 47,9%; Bachelet en 2005 alcanzó 45,9%; Piñera en 2009 logró 44,1%; y Bachelet nuevamente en 2013, con 46,7% en una elección excepcionalmente desmovilizada. A partir de ahí, la disminución se hace evidente: Piñera en 2017 ganó con 36,6%; Boric en 2021 con 25,8%; y Kast en las últimas elecciones con 23,9%. Aunque Chile no está completamente inmerso en la fragmentación peruana, avanza en esa dirección.
Este fenómeno es significativo porque la segunda vuelta no genera una mayoría política sólida; solo crea una mayoría electoral transitoria. El ganador en diciembre no necesariamente llega al poder con una coalición fuerte, un mandato claro o una mayor capacidad de gobernar. Muchos acceden al cargo con votos que han sido prestados, es decir, electores que votan más en contra de un candidato que a favor de otro. Esta mayoría puede ser efectiva para ganar elecciones, pero es menos útil para sostener un gobierno.
Así, la legitimidad que proporciona la segunda vuelta se considera en gran medida como una legitimidad prestada. Puede facilitar el triunfo electoral, pero no asegura una gestión efectiva posteriormente. Esta fragilidad se manifiesta de manera rápida. Si evaluamos el período inicial de un gobierno, conocido como luna de miel presidencial, se evidencia una rápida pérdida de apoyo popular: Bachelet II perdió diez puntos en 26 semanas, Piñera II en 37, Boric en apenas 10, y la luna de Kast concluyó recientemente. La mayoría electoral puede existir, pero su traducción en términos políticos se reduce considerablemente con el tiempo.
La finalidad de la segunda vuelta era prevenir la debilidad presidencial. Sin embargo, en sistemas extremadamente fragmentados, puede terminar haciendo lo opuesto: conferir mayorías electorales a gobiernos políticamente inestables. Esto no resuelve el problema de legitimidad de origen, sólo lo pospone.
