El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, a quienes ha calificado como el “salvaje Oeste digital”. Esta medida forma parte de un paquete que incluye otras cuatro iniciativas, tales como la verificación de edad, la trazabilidad de contenido de odio, la responsabilidad de los directivos tecnológicos, la tipificación como delito de la manipulación de algoritmos y la colaboración con la Fiscalía para perseguir delitos en redes.
Prohibición para menores de 16 años
En España, existe desde 1999 una normativa que prohíbe a menores de 14 años facilitar sus datos personales sin el consentimiento parental, regulada por la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). La propuesta de elevar la edad mínima para crear cuentas en redes sociales a 16 años ya formaba parte de un proyecto de ley en tramitación en el Congreso. La novedad en el anuncio de Sánchez es que, incluso con la autorización parental, se prohibiría el registro en redes sociales para menores de 16 años. El Gobierno ha desarrollado una herramienta para verificar la edad, aunque no se han proporcionado detalles al respecto.
Cumplimiento de la verificación de edad
Borja Adsuara, jurista especializado en derecho digital, señala que el verdadero problema no radica en aumentar o disminuir la edad mínima, sino en la falta de verificación eficaz. Históricamente, la simple marcación de una casilla era suficiente para eludir controles. Aunque hay normativas, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), y la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022, que exigen la verificación de edad, el problema persistía por la falta de tecnología adecuada.
Implicaciones de la prohibición de acceso
Nacho Guadix, responsable en Unicef, apunta que si bien es valioso fomentar el debate sobre la responsabilidad de las plataformas, excluir a los menores de las redes no los protege. En lugar de ello, argumenta que se deben desarrollar competencias digitales que les permitan gestionar su exposición a riesgos en línea. La doctora Silvia Álava, experta en psicología clínica, sostiene que la responsabilidad no debe recaer únicamente en las familias, sino también en las grandes tecnológicas, que generan adicción al contenido y perjudican la formación de la identidad en los adolescentes, que necesitan interacciones en un entorno seguro.
Desafíos de las tecnologías de verificación de edad
A nivel internacional, se están implementando diversas regulaciones para proteger a los jóvenes en Internet. Algunos países están utilizando tecnologías de escaneo facial para estimar la edad, lo que plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos biométricos de los menores. Para Adsuara, la entrega de dicha información sin medidas adecuadas de protección es un gran riesgo. En contraste, aboga por un sistema basado en certificados digitales para validar la edad sin comprometer datos personales.
Eficiencia de las medidas implementadas
Guadix subraya que la restricción de acceso por edad no siempre es la solución efectiva. Pone como ejemplo a Australia, donde los jóvenes están optando por plataformas no reguladas o utilizando VPN para sortear las limitaciones. Adsuara también señala que estas medidas rara vez son completamente efectivas y su función muchas veces es simbólica, dando señales a la sociedad sobre la importancia del tema.
Controversias sobre la trazabilidad del odio
El paquete de medidas del Gobierno también aborda la lucha contra el odio y la desinformación. Adsuara califica la trazabilidad del odio como una de las medidas más delicadas, al cuestionar quién determina qué constituye odio o desinformación. Considera que esta cuestión no debería depender de gobiernos, sino de organismos independientes que garanticen un análisis objetivo.
Responsabilidad penal de los directivos tecnológicos
El Gobierno español plantea la posibilidad de llevar a juicio a directivos de plataformas por el contenido que se comparte en sus redes. Sin embargo, la Comisión Europea ha expresado dudas sobre la viabilidad de esta propuesta, argumentando que es complicado responsabilizar a un director general por las publicaciones en línea. Adsuara agrega que el marco legal actual dificulta este enfoque, lo que limita la capacidad del Gobierno para llevarlo a cabo.
